(23 de octubre, 2014).- En un ambiente de impunidad total, está por cumplirse un mes de la desaparición de 43 jóvenes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y del hallazgo de 17 fosas clandestinas. La corrupción es piedra angular de la degradación en que se encuentra el país; la falta de impartición de justicia, la violación de los derechos humanos son síntomas de una enfermedad terminal. La clase política exhibe sus limitaciones y es incapaz de romper su simbiosis con el crimen político. Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República acordaron posponer hasta el 30 de octubre la decisión sobre declarar la desaparición de los tres poderes de gobierno en Guerrero. Ambos institutos políticos han invitado al gobernador Ángel Aguirre Rivero a que renuncie al cargo, ante la ingobernabilidad que vive el estado. Todo dependerá de qué tanto se agrave la situación y que las circunstancias obliguen al mandatario a dimitir.
Ahora bien, en caso de que Aguirre Rivero se aferre al puesto, la ruta crítica iniciaría en la Cámara de Diputado donde se realizaría un juicio de procedencia en contra del mandatario y posteriormente el Senado de la República se convertiría en un tribunal de sentencia. En caso de aplicarse la desaparición de poderes desaparecería el Poder Ejecutivo, y se nombraría a un gobernador interino, la misma suerte correría el Poder Judicial y el Congreso del estado, con el riesgo de provocar un ambiente de ingobernabilidad.
Las reacciones ante la tragedia de Ayotzinapa han sido diversas: Llama la atención que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam no hubiera tenido tiempo de recibir de manera inmediata al padre Alejandro Solalinde Guerra quien ha criticado al gobierno federal de darle un manejo político al asunto y aseguró que no hay ninguna esperanza de que aparezcan vivos los estudiantes, incluso afirmó que todos fueron quemados vivos. Para el religioso no es un hecho aislado sino una acción de Estado. ¿Qué pensarán en Los Pinos?
A pesar del dolor e impotencia que existe, no se puede aplaudir que miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) incendiaran las instalaciones del Comité Ejecutivo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para protestar por la protección que otorgan a los implicados en los hechos del pasado 26 de septiembre, donde seis personas perdieron la vida y desaparecieron 43 normalistas.
Por lo que se refiere a la actitud de los políticos profesionales el dirigente del Movimiento Nacional de Regeneración (Morena), Andrés Manuel López Obrador exige la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, de Aguirre Rivero y de Murillo Karam. ¡Casi nada! De forma más mesurada se ha pronunciado Cuauhtémoc Cárdenas quien considera que es un problema de ética del gobernador si renuncia o no al cargo. Finalmente el presidente del Sol Azteca Carlos Navarrete insiste en que el problema de Guerrero es del Estado mexicano.
En este contexto, la ciudadanía ve una baja calidad en la democracia que se le está ofreciendo y tiene razón. Vale la pena recordar al doctor Leonardo Morlino, él considera que en la calidad de los regímenes democráticos, no basta con la legitimidad, en especial, cuando la legitimidad del régimen democrático no es lo suficientemente sólida. Resulta lógico que los familiares de los 43 jóvenes no estén satisfechos con los resultados de las investigaciones del gobierno federal. Queda claro que mientras no exista certeza de qué sucedió con los estudiantes difícilmente se pueda normalizar la vida en Guerrero. Será un reto para la sociedad civil iniciar la recomposición del tejido social, porque implicará lograrlo bajo otras reglas, si no, se quiere tropezar con la misma piedra que hoy mantiene a la nación en la zozobra.
Fuente: Michoacán 3.0
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