México

Gobierno Federal reactivará proyecto que pone en peligro a 14 mil personas

Nov 12, 2014

Libramiento morelia

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), incluyó en la propuesta de Presupuesto Federal de Egresos 2015 una partida de hasta 300 millones de pesos para reactivar una obra en Morelia que pone en riesgo la vida de al menos 14 mil personas.

Se trata del Libramiento Sur de Morelia, una infraestructura carretera cuya segunda etapa denominada Tramo Ramal Camelinas busca conectar la principal avenida de la capital michoacana (avenida Camelinas) con Paseo Altozano-Nueva Morelia, un mega complejo urbanístico-comercial de alto standing ubicado en la parte alta de la ciudad conocida como Loma de Santa María.

Para ello, tal y como documentó Animal Político en el especial Ecocidio en Morelia, esta segunda fase prevé la construcción de dos túneles sobre una zona inestable por la que pasan tres fallas geológicas activas–La Paloma, Altozano, y Río Chiquito-, así como un viaducto en la zona del Río Chiquito que pone en riesgo el equilibrio ecológico de un Área Natural Protegida (ANP) y la zona de recarga de acuíferos de Morelia.

Además de poner en riesgo a las personas y el equilibrio ambiental, este tramo de apenas 4 kilómetros de calzada, dos túneles y un viaducto, tiene un presupuesto de 626 millones de pesos, según el Análisis Costo-Beneficio más actual; es decir, que cada kilómetro que se construya tendrá un costo de 156 millones para el erario público. Mientras que, en total, la Federación prevé que los 19 kilómetros de los que se componen las cinco etapas del Libramiento Sur tengan un costo de mil 246 millones a gastar en seis años, desde 2008 hasta 2016, de los cuales ya se gastaron 202 millones. Este presupuesto casi dobla la partida que el estado de Michoacán destinó a la Procuraduría de Justicia del Estado este 2014 (726 millones), y es cuatro veces superior al dinero dedicado a la Secretaría de Cultura (367 millones).

Aunado a todo lo anterior, este nuevo intento de reactivar la construcción de esta vialidad también tiene lugar a pesar de los dictámenes de Protección Civil Estatal y Federal, los exhortos del Congreso del Estado de Michoacán y de la Cámara de Diputados Federal, las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de los estudios técnicos de la Universidad Michoacana que advierten sobre los riesgos de construir el Ramal Camelinas.

Además, otro estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a petición de la propia SCT concluye que este proyecto es “de alto riesgo geológico” y que, de llevarlo a cabo tal y como lo plantean hoy las autoridades, implicaríagraves consecuencias para la población y el medio ambiente.

Cabe resaltar que este estudio, del que Animal Político obtuvo una copia a través del Instituto Fedral de Acceso a la Información (IFAI), fue elaborado en junio del 2012, aunque la SCT lo reservó hasta el pasado mes de junio alegando que el documento era “reservado” debido a que era parte de un juicio de nulidad en la Sala Regional del Pacífico centro, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de la vialidad.

A pesar de los estudios y advertencias de la UNAM, trazo conflictivo es el mismo que en 2012

Ahora, los diputados federales tienen como plazo hasta el próximo viernes 15 de noviembre para la discusión y aprobación de la propuesta del Ejecutivo Federal de otorgar 300 millones de pesos para continuar con la construcción del Libramiento Sur de Morelia. Esto, luego que el pasado mes de abril la Secretaría de Hacienda activara de nuevo la clave de cartera de la obra argumentando que la SCT cumplió con lo requerido tras entregar un nuevo Análisis Costo-Beneficio en el que se incluye una serie de modificaciones al proyecto original.

No obstante, según el documento del nuevo Análisis Costo-Beneficio, entre las modificaciones realizadas no hay ningún cambio relativo al trazo de la Segunda Etapa Tramo Ramal Camelinas.

Por lo que el proyecto, en lo referente al Ramal Camelinas, sigue siendo el mismo que en noviembre de 2012, cuando Hacienda canceló la clave de la obra debido a que no contabacon todos los requerimientos jurídicos, técnicos y ambientales.

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