El Director de la policía de Silao, Guanajuato, Nicasio Aguirre Guerrero, ordenó golpear a la periodista de El Heraldo de León, Karla Janeth Silva, según la Procuraduría General del Estado de Guanajuato (PGJEG). La reportera fue atacada por un hombre en la misma redacción del periódico: “Bájale de huevos a tus notas” escuchaba Silva mientras era golpeada en el rostro. Karla, además de ser golpeada, fue despojada de celulares, una computadora, dinero y una cámara fotográfica.
Sin importar que se encontraba visiblemente herida, el día de la agresión (4 de septiembre), Karla llegó con un agente del Ministerio Público de Silao pero este se negó a atenderla. El caso de Karla, conlleva, por un lado, la agresión proveniente de un funcionario público (el cual está prófugo) y la negativa de ser atendida después de la agresión de otro funcionario (del cual no sabe aún el nombre).
Las agresiones a periodistas provenientes de funcionarios públicos son la constante en México. Según el Segundo informe trimestral: “Repetición crónica de ataques e inacción gubernamental”, de la organización Artículo 19, de enero a junio de 2014, se documentaron 157 ataques a la prensa en México, cifra superior a las 151 agresiones en ese mismo lapso pero del 2013. De estas agresiones, el 43 por ciento provienen de servidores públicos.
De esos ataques, el 36 por ciento provienen de autoridades del orden local y 15 por ciento de autoridades federales. De las 157 agresiones, 66 fueron de forma física o material (como en el caso de Karla), 17 acciones legales y 28 amenazas. De esas mismas, 69 fueron de servidores públicos y apenas dos del crimen organizado.
En estas agresiones ha permanecido una constante: la impunidad. Tan sólo en el periodo de Enrique Peña Nieto han sido asesinados siete periodistas, de los cuales no existe sentencia alguna.
En un informe anterior, realizado también por Artículo 19, “Silencio Forzado: El Estado, cómplice de la violencia contra la prensa”, publicado en 2012, menciona que la violencia contra periodistas había permeado en 22 de los 32 entidades, y que las agresiones en su contra provienen del crimen organizado eran del ocho por ciento, mientras que un 35 por ciento provenía de autoridades de los tres niveles de gobierno. En este último rubro, al menos en el comparativo del primer semestre de 2014, ha aumentado.
Fuente: Michoacán 3.0
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