Al menos desde hace 2 décadas, en el campo mexicano se cultiva maíz, algodón y soya transgénicos. No obstante la oposición social a la introducción de organismos genéticamente modificados, sólo cuatro resoluciones judiciales han impedido que continúe el cultivo de esos granos en el país.
Se trata de las dictadas este año por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Campeche, el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yucatán y el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
Aunque no son definitivas y ya recibieron impugnaciones por parte del gobierno federal y las empresas trasnacionales, las sentencias determinan que los permisos violan el derecho a la consulta libre previa e informada, así como al procedimiento establecido en la Ley de Bioseguridad; desechan los argumentos de las autoridades demandadas que exigen pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados causan daños; reconocen el principio 10 de la Declaración de Río, a saber, que la mejor manera de abordar cuestiones ambientales y socioculturales es garantizando a las comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia; y validan el interés legítimo de la sociedad mexicana en el tema de la siembra de semillas transgénicas.
Sin embargo, en lo que va de 2014 y con la seguridad de que el Poder Judicial finalmente determine la legalidad de la siembra de organismos genéticamente modificados, tres trasnacionales y un centro desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) han solicitado ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica, otra entidad desconcentrada de la Sagarpa) permisos para la siembra de maíz, algodón, frijol y trigo modificados en más de 90 mil hectáreas.
De acuerdo con el Estatus de solicitudes de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados–que se puede consultar en la página electrónica del Senasica– Monsanto ha solicitado permisos para sembrar algodón en 90 mil hectáreas; PHI, maíz en 8 hectáreas; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap, dependiente de la Sagarpa), frijol en 0.124 hectáreas, y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, para sembrar trigo en 0.1 hectáreas.
La batalla jurídica en contra del otorgamiento de permisos para la siembra de transgénicos no es reciente. Desde 2001 la sociedad civil recurrió a la vía legal para impugnar los permisos de las autoridades mexicanas.
Sin embargo, María Colín –representante legal de Greenpeace México– relata que no fue sino hasta 2010, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que los jueces comenzaron a admitir los recursos. “Había un criterio predominante de falta de interés legítimo”. Cuatro años después se tienen resultados. “Es una batalla larga”, refiere en entrevista con Contralínea.
Soya transgénica, a la congeladora en Campeche y Yucatán
En los últimos 7 años, el Senasica ha otorgado 45 permisos para la siembra de soya transgénica en las fases experimental, piloto y comercial. El permiso dado el 6 de junio de 2012, que libera 253 mil 500 hectáreas, es el más reciente.
Para seguir leyendo, aquí: Contralínea.info
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