(30 de septiembre, 2014).- Eruviel Ávila dijo el pasado 1 de julio que “el Ejército, en legítima defensa abatió a los delincuentes”, refiriéndose a los 22 ejecuciones a manos del Ejército, el pasado 30 de julio en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 52 recomendaciones relativas a “la privación del derecho a la vida” en el periodo de Calderón; de estas, 39 se dirigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).
El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, identificó en su visita a México durante 2013, algunos patrones de la forma en que las autoridades privan de la vida; entre las principales violaciones denunciadas figuraban –a veces combinadas– las siguientes características: “amenazas de muerte; muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del ejército, la marina y la policía; uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden; muertes durante manifestaciones de protesta; muertes a manos de supuestos miembros de grupos armados ilegales; y desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias causantes de muerte”.
En el caso de Tlatlaya, la primera versión que dio el Ejército mexicano después de la ejecución sumaria fue que “22 presuntos delincuentes murieron y un soldado resultó herido luego de responder a una agresión del grupo”; sin embargo, días después, una mujer –que afirmó haber sido testigo de la ejecución– relató que sólo una persona habría muerto en el tiroteo inicial –lo que indica un primer enfrentamiento–, sin embargo, posteriormente los soldados mataron a los 21 restantes cuando ya se habían rendido –incluida su hija de 15 años–, quien se encontraba herida en el suelo.
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, declaró en días pasados, que si lo de Tlatlaya se comprueba como una ejecución extrajudicial, “será un hecho aislado”. A pesar de las declaraciones del Secretario, la prensa mexicana reportó, el 7 de diciembre de 2013, que el director de Tránsito de Arcelia, Guerrero, Mario Uriostegui Pérez, el subdirector de la misma instancia, Josué Gavinez y dos empleados más de ese ayuntamiento guerrerense, fueron asesinados por soldados del Ejército. El 102do Batallón de Infantería con sede en Tejupilco, Estado de México, ingresó a Guerrero en un recorrido y se encontró con los cuatro trabajadores del Ayuntamiento, les disparó y todos los tripulantes de la camioneta en que se trasladaban murieron. Ese mismo Batallón, fue el mismo que ultimó a los 22 de Tlatlaya.
El Relator Heyns pidió este lunes al gobierno de México que realice una investigación a fondo en torno a la muerte de 22 presuntos criminales, ante la posibilidad de que se trate de un caso de “ejecuciones sumarias”, lo que tiene hasta el momento a ocho militares detenidos –un oficial y siete elementos de tropa–.
Fuente: Revolución 3.0
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