MÉXICO, D.F. (Proceso).- A partir de la reforma energética, la ruta de los grandes negocios petroleros se ubica en entidades de norte del país (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas), donde el gobierno federal espera recibir más de un billón 2 mil 990 millones de pesos en inversiones privadas para exploración y extracción de hidrocarburos.
Así, es también la región del país donde se prevén más conflictos agrarios y ganaderos: 81 municipios de dichas entidades federativas serán afectados por la expropiación y la figura de “ocupación temporal”, incorporada en las nuevas leyes energéticas.
Son los mismos estados donde organizaciones especializadas en derecho ambiental y activistas pronostican un mayor impacto debido al fracking –fractura hidráulica de las rocas para extraer el gas de lutitas o gas shale– y un mayor riesgo para las áreas naturales protegidas que no cuentan con un “programa de manejo”. Son los casos de Janos, Cascada de Basaseachic y Cumbres de Majalca, en Chihuahua, o las zonas de Cuatrociénegas y Ocampo, en Coahuila.
Esto se desprende de tres documentos diferentes, cuyas copias obtuvo Proceso. En ellos se detallan los negocios de exploración y extracción de hidrocarburos, gas shale, centros pretroquímicos, gasoductos y poliductos que se cederán a los inversionistas privados, merced a la entrada en vigor de las nuevas leyes secundarias en materia energética, discutidas y aprobadas en el Senado y la Cámara de Diputados.
Según el estudio Potencial de inversiones de la reforma energética en las distintas regiones de México, el negocio más importante se prevé en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde se esperan inversiones por poco más de un billón de pesos, dedicadas a exploración y extracción de hidrocarburos, es decir, petróleo y gas.
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