El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un reporte titulado “Tráfico de Personas 2014”, donde señala que el gobierno mexicano no cumple con estándares mínimos para el combate al tráfico de personas.
Aun cuando reconocen el endurecimiento de las penas a este delito, señalan a la corrupción como el principal reto de México. Según el análisis realizado, los funcionarios aduaneros o fiscales desalientan las denuncias por tráfico de personas, mientras que las autoridades no dan atención correcta a las víctimas.
Una de las organizaciones participantes documentó inconsistencias en las cifras oficiales, ya que mientras la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) reportó 48 averiguaciones previas por ese delito, la organización documentó 91.
“El tráfico de personas está altamente relacionado con la corrupción de las autoridades. Las policías locales, judiciales y funcionarios de la autoridad migratoria fueron una preocupación significativa. Algunos oficiales fueron detectados cuando recibían extorsiones de quienes realizan la explotación de mujeres y niños”.
Ellos mismos falsifican identificaciones, permiten el paso de personas de manera ilegal o desincentivan las denuncias contra los responsables del tráfico de personas”, explica el documento.
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