(10 de julio, 2014).- El gabinete de seguridad de Enrique Peña Nieto presenta estadísticas, presume disminuciones en diversos delitos, discursea una y otra vez sobre la lucha en contra de la delincuencia organizada y, como colofón, repite que la transparencia y la desaparición de la impunidad y de la corrupción son los grandes sellos de este gobierno. La realidad es, por desgracia, totalmente distinta y no se trata de ser buenos o malos mexicanos sino de señalar las verdades para que se tome nota y, si algún día se puede, se corrija el camino. Si es que pueden porque hasta ahora ni siquiera hicieron caso a la salida que les ofreciera Alejandro Martí: “¡si no pueden, renuncien!”.
Dos entidades han permanecido en su atención, en esos lugares han ofrecido toda clase de apoyos: realizan giras con todo el aparato gubernamental anunciando lo mismo obras públicas, carreteras, empleo, inversiones, que asegurando la entrega de despensas, de alimentos y dinero a la población más desprotegida. Y pasan los días, las semanas, los meses y se hace realidad el viejo refrán “del dicho al hecho, hay mucho trecho”. Tan es así que tanto en Michoacán como Tamaulipas, los habitantes siguen viviendo en un infierno, con el temor a flor de piel.
Al comisionado Alfredo Castillo, adicto a los reflectores como ningún otro de los enviados por el centro para cercar las acciones de los gobernadores constitucionales, el Observatorio Nacional Ciudadano lo desmintió en lo dicho sobre la disminución de extorsiones, de los cobros por derechos y seguridad, ya que estos delitos han registrado un incremento del 89.66 por ciento. En Tamaulipas la situación es similar y a ella se agregan los robos, por lo que llama la atención para que se evite que sigan los tamaulipecos abandonando sus propiedades, dejando casas deshabitadas y locales comerciales vacíos.
El Global Post informó sobre “células” de civiles armados en Tamaulipas, en una Entidad fronteriza que tiene, de manera permanente, la mirada de los EU en su territorio, en sus autoridades, en ese paso que se ha convertido en la antesala de la muerte de miles y miles de connacionales. Víctimas de secuestro, como es el caso de Jesús Manuel Guerrero, alcalde de Hidalgo, han dado su visto bueno y todo el apoyo al grupo denominado Columna Pedro Méndez, quienes a diferencia de la forma de operar de los de Michoacán operan de manera sigilosa para evitar tanto el arresto de las autoridades federales como las venganzas de los narcotraficantes.
Estos grupos no extorsionan ni se meten con la gente y también son víctimas de amenazas de los Zetas, el grupo al que combaten. En un rancho masacraron los Zetas a 9 personas acusándolas de ser parte de los de La Columna por lo que les dejaron una nota; “El monstruo se despertó. Esta es la primera prueba. Atentamente; Los Zetas”. Las armas de unos y otros se obtienen de manera clandestina, en el mercado negro y son Kalashnikovs y AR-15. Pese a que arriesgan su vida en estas acciones, la respuesta que les ha enviado el gobierno los sitúa como piezas de cárteles que se encuentran en pugna por lo que el trato que reciben es de maleantes.
En el texto del diario Global Post se enmarca que la postura de Enrique Peña Nieto es errática en varios renglones y en lo que respecta a las autodefensas: a veces ignorándolas, a veces atacándolas y otras más cooperando con ellas. Ha condenado públicamente que la gente tome justicia por sus propias manos. A partir de estas observaciones puede señalarse que a través de criterios muy particulares, como el que emplea el comisionado en Michoacán es que establecen quienes son los buenos y cuáles son los malos y que lo mismo les da encerrarlos acusándoles de uno o de varios delitos sin importar si se cometieron, si son ciertos o no, sino que responden a las venganzas personales, a las personalidades heridas, a las críticas lanzadas.
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