(04 de diciembre, 2014).- Nuevamente el gobierno de Enrique Peña Nieto demuestra su intención de silenciar a los miles de ciudadanos que se han manifestado de manera pacífica por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ante esto PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron en San Lázaro cambios constitucionales que permitirían a la autoridad frenar las movilizaciones.
“Desde hace tiempo se ha estado intentando introducir prácticas de criminalización de la protesta social. En este momento México vive condiciones de una crisis de Estado, en la que todas las instituciones están involucradas, por lo que aprobar leyes de la legitimización del autoritarismo es parte de esta gran crisis”, mencionó la experta mexicana en geopolítica, Ana Esther Ceceña en referencia a la administración de Peña Nieto.
La Doctora en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Paris I Sorbonne, advirtió que frente a la situación de México, “hay prácticas de aplicación simultánea de diferentes iniciativas que se encaminan hacia el control social, la criminalización de cualquier expresión de la sociedad y cualquier sentido de disidencia y querrán impulsarla para la aplicación inmediata”.
Ceceña, afirmó que la aprobación de la Ley de Movilidad Social complicaría la gobernabilidad de la administración de Enrique Peña Nieto”. No obstante, lamentó que en vez de proponerse remontar el término de gobernabilidad buscando algún tipo de solución o esclarecimiento a los temas más candentes de este momento, se castigará a los que exigen el Estado de Derecho.
No se puede limitar la libertad de expresión
Por otro lado, Darío Ramírez, director de la organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, recalcó que “no hemos acabado de debatir y protestar por los desaparecidos, y ya tenemos la intención de aprobar leyes que limiten las marchas”.
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