México, DF. Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción que contemple entre otros aspectos un tribunal de cuentas imparcial, autónomo que sancione y emita recomendaciones vinculatorias para corregir problemas estructurales de corrupción; una fiscalía anticorrupción eficiente y especializada así como reformas a ley orgánica de la Secretaría de la Función Pública y el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación.
En conferencia de prensa el académico Mauricio Merino subrayó que el sistema debe contrarrestar la fragmentación institucional que hoy prevalezca en la materia del combate a la corrupción y que ha anulado en la práctica los esfuerzos del Estado en la materia. Debe articular los sistemas de planeación, de evaluación, de gestión de la información, de transparencia, de fiscalización que hoy operan por separado.
De acuerdo a la propuesta de organizaciones como Incide, Observatorio Ciudadano, Causa en Común, FUNDAR, entre otras, el tribunal de cuentas deberá contar con funcionarios altamente capacitados, seleccionados de mantera exclusiva por el Senado por periodos predeterminados y con candidatos a su remoción.
Amplias, exclusivas y claras funciones de regulación administrativa para recrear, reformar y desparecer sus propias normas sin constante cuestionamiento jurisdiccional.
Deberá contar con un presupuesto suficiente y de carácter autónomo y tener un órgano de control interno que tenga autonomía, independencia para sancionar eventualmente acciones en que incurran sus miembros.
Por lo que hace a la fiscalía anticorrupción consideraron que ésta debe tener un carácter especializado para investigar, integrar y someter expedientes a consideración de jueces penales en casos de corrupción.
En cuanto a la Secretaría de la Función Pública debe ser reformada a efecto de mantener la legalidad en el servicio público y tener capacidad para evaluar el desempeño de políticas y programas.
Finalmente en cuanto a la SFP, ésta debe tener la facultad para ubicar el ejercicio presupuestal en curso además de los ejercicios fiscales anteriores al tiempo que debe estar obligada a publicar oportunamente sus conclusiones y hallazgos.
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