Ciudad de México, 23 agosto (SinEmbargo).— En medio de las protestas en contra el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y a un mes de haber sido promulgadas las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones, las radios comunitarias –que fueron allanadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)– mantienen la lucha por seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, pese al constante acoso que, denuncian, cometen las autoridades estatales y federales para impedir que “la voz del pueblo” se escuche.
El 4 de agosto de este año, alrededor de las 16:00 horas, un grupo de policías federales cerró las calles donde se encontraba Radio Zacatepec , también identificada como “La voz del Pueblo”, y realizó un operativo en conjunto con elementos del IFT para despojar a la radiodifusora de su transmisor y parte del equipo electrónico con el que laboraba.
“Nos dijeron que era porque nuestra frecuencia hacia interferencia, luego llegaron con una orden y se llevaron nuestro equipo, después nos dijeron que era porque no teníamos el permiso”, narró a sin embargo Miguel López Vega, integrante de Radio Zacatepec.
Horas más tarde, lo mismo sucedió en las calles de Tlaxcalancingo e Independencia. Ahí los elementos policiacos impidieron el paso a los peatones con el argumento de que se realizaba un operativo, esta vez, en las oficinas de la Radio Axocotzin.
“Más allá de hacer una inspección y de hacer una verificación, nos allanaron y quitaron cosas, desde ahí vemos una violación a nuestros derechos”, contó Erik Coyotl Lozada, de Radio Axocotzin.
“Se llevaron una pequeña consola, tres micrófonos, la computadora que contenía una memoria histórica de las comunidades y del municipio, porque nosotros respaldábamos toda la información que teníamos y de las asambleas que realizábamos. Es una pérdida total de la radio comunitaria, no es un hecho que nos deje inertes. Es algo que nos obliga a seguir trabajando”, precisó el activista.
Sin embargo, el despojo y la limitación a la comunicación a la que se refieren no son los únicos atropellos que viven los poblanos bajo la administración de Rafael Moreno Valle, los activistas denunciaron también ineficiencias por parte de los servidores públicos de la entidad, así como violaciones a sus derechos humanos.
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