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(19 de julio del 2014).- Con el espaldarazo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista (PVEM), el 17 de julio, el pleno en el senado de la República, aprobó en lo “particular”, apenas un día después del haberse aprobado el dictamen general, la reforma energética, en específico, el punto sobre la Ley de Hidrocarburos con el cual se legaliza la extracción de gas mediante el método del fracking, el despojo de tierras y superpoderes a Peña respecto a la titularidad de energéticos.
Desde las once de la mañana, después de que la Secretaria de Gobernación se negó a transmitir capsulas de 10 minutos en espacios abiertos de telecomunicaciones sobre el debate, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia, presentaron imputaciones sobre la constitucionalidad de la nueva reglamentación energética.
Al respecto, la primera en intervenir fue la senadora michoacana, Iris Vianey Mendoza, quien presentó alegatos en contra del artículo 1, en donde, se establece la rectoría preponderante del ejecutivo, en torno a la administración de contratos a particulares, nacionales y extranjeros, sobre el petróleo mexicano. Posición que fue relevada por Alejandro Encinas, Isidro Pedraza, Dolores Padierna, Manuel Bartlett, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar, entre otros.
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Entre los puntos que presentó Padierna, resaltó el reproche a la fracción parlamentaria del PRI, quien, con esta reforma, le ha otorgado poderes extraordinarios a Enrique Peña Nieto, con el fin dar contratos a particulares sin la necesidad de ser aprobados por el congreso; posición que podrían derivar en nuevos actos de corrupción y conflicto de intereses entre el Estado y los “poderes facticos”.
“Les recuerdo que la darle tantos poderes al presidente de la república, daría posibilidad a el otorgamiento de contratos discrecionales; la discrecionalidad, como sabemos, permite otorgar contratos riesgosos o desventajosos para la nación; y con ellos, por encima del interés públicos como suele sucedes, darán amplio margen a la corrupción y la opacidad”, sostuvo en su alocución.
Por su parte, el senador Manuel Bartlett, explicó que este nuevo “régimen autoritario”, derivará en una nueva ruptura de la sociedad civil y la legalidad, con el Estado.” Se está rompiendo la estructura legal del Estado, lo que implica inconstitucionalidad.”
Cabe resaltar que, en relación con el artículo 3º de la mencionada reforma, no sólo Peña podrá tener dichos poderes que, relacionados con la Ley Minera y algunos otros capítulos del paquete, darían nuevos bríos a la “discrecionalidad” con que se den concesiones empresas privadas, sino también, como han afirmado especialistas en la materia y asociaciones campesinas, otorgarán la posibilidad de que la “soberanía nacional” se vea mermada en la preponderancia hacia los privados, encimas del derecho a la pequeña propiedad.
Pues podrán ser despojados sin necesidad de mediar una orden judicial, por parte del congreso un otra instancia.
Así lo dejó de manifiesto, la intervención del perredista Alejandro Encinas: “El senado de la república o el Congreso ya no podrá conocer, con la cláusula de ‘confidencialidad’, los contratos desventajosos que suscriba con Estados Unidos. Un caso específico es el de los pozos petroleros en donde México comparte territorio con el país del norte, porque ellos no sólo tendrán la mitad de la renta petrolera, también son los que tienen la tecnología y por ello se les tendrá que pagar.”
Finalmente el proyecto de ley quedó como fiel al dictamen final.
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Por otra parte, buena parte de las intervenciones también cuestionaron los supuestos beneficios de la extracción de gas shale, por medio de la técnica del fracking.
Pese a que esta demanda ha sido una de las que mayor número de adhesiones entre organizaciones ciudadanos, como sucedió el día de ayer, cuando integrantes de diversas ONGs entregaron poco más de 10 mil firmas en contra de su aprobación, nuevamente el PRI y el PVEM negaron echar atrás la legalidad de esta método industrial.
De hecho, en relación a las reservas a los artículos 5, 6, 20, 32 y 37, presentadas por Benjamín Robles, se desató un agria discusión entre éste, Pablo Escudero del Verde y diversos senadores de izquierda; quienes, por una parte, alertaron perjuicios en la salud de la población, y el otro, defendió la sustentabilidad del proyecto, pues, según éste, está aprobado en diversos estados de la estadounidenses y Canadá.
“Yo le quiero preguntar senador Escudero, usted que se dedica a la ‘protección del medio ambiente’, qué pasaría si un día se encuentra algún recurso natural en una zona ecológica. ¿Acaso usted estará de acuerdo en que una reserva natural quede a merced de la industria energética? ¿Acaso usted lo aplaudirá? Todos los proyectos económicos generan impactos ambientales, díganos un argumento serio”, reviró Raúl Morón.
Organizaciones como la Alianza Mexicano Contra el Fracking, han advertido que esta forma de extraer gar del subsuelo, genera grandes riesgos ecológicos, ya que por su baja rentabilidad económica y su necesidad de operar con grandes cantidades de agua, sería necesario su masificación e intensificación para hacerlo sustentable, sin que esto reditué grandes beneficios en la población.
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