(27 de julio, 2014).- La Comisión para la Igualdad de Género del Senado incurre en actitudes discriminatorias al considerar que la condición social de las trabajadoras del hogar (que sean indígenas, migrantes o no sepan leer y escribir), es un “obstáculo” para que México ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que da garantías laborales a dos millones de mujeres dedicadas a este empleo.
Durante el seminario “La satisfacción de los Derechos Humanos de colectivos en situación de vulnerabilidad” –al que el senador Miguel Barbosa (PRD) acudió sólo para dar la bienvenida y luego se retiró–, José Antonio Valdivia Peña, asesor de la Comisión para la Igualdad de Género, dijo que instancias de la Cámara alta (como las comisiones de Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables y Relaciones Exteriores, además de la de Igualdad), que se han reunido para discutir el Convenio 189, coinciden en que hay “muchas complicaciones” para su ratificación, con la que se comprometió México hace tres años.
El asesor precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió a las comisiones del Senado que no ratificará el Convenio 189 si antes no se realizan reformas legales en materia laboral y de seguridad social.
El Convenio actualmente está en revisión del Ejecutivo federal, el cual tras aprobarlo debe enviarlo al Senado para su ratificación. Luego de este trámite, el acuerdo internacional (con las modificaciones legislativas que conlleve) entrará en vigor un año después. El Convenio 189 de la OIT fue aprobado por los países miembros (entre ellos México) el 16 de junio de 2011.
Cascada de pretextos
Valdivia Peña insistió en que entre las “complicaciones” que tiene México para garantizar sus derechos laborales a las trabajadoras del hogar es que “las personas deben tener números para todo y en algunos casos no cuentan ni con acta de nacimiento”.
También indicó, sin dar más información, que si no se homologan las leyes con todo lo que señala el Convenio 189 se estaría incurriendo en una “falta penal”.
Además, abundó el asesor de la Comisión para la Igualdad de Género, no se han desarrollado protocolos para inspeccionar que los empleadores garanticen derechos a las trabajadoras, a lo que se suma que para cumplir con la obligación de registrar a estas mujeres como empleadas, ellas se enfrentarían a que “no saben leer y escribir”.
José Antonio Valdivia también señaló que otro “obstáculo” es que “no se sabe” cómo erradicar el trabajo infantil en el trabajo del hogar, ni tampoco si se reconocerá el derecho a la organización sindical.
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