(2 de agosto, 2014).- Pese a las patadas de ahogado de la oposición partidista en el Congreso de la Unión, la legislación secundaria en materia energética se avaló en lo general y en lo particular el primero de los dos paquetes que conforman el dictamen de leyes en materia de ingresos y presupuestos que desde las 10:30 horas de este viernes inició su discusión, por lo que se turnó al Senado para obtener su aval y ésta sea promulgada por el Ejecutivo Federal.
Entre la asunción de los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como la subordinación de Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al Ejecutivo Federal en conjunción con los intereses de las empresas sobre el interés público, la política nacional en materia energética implica una serie de riesgos económicos para la población mexicana, de acuerdo con especialistas en la materia.
La sesión de este día inició sin el cuórum legal establecido en el reglamento de la Cámara de Diputados (251 asistentes de 500), así, siete de las ocho mociones suspensivas presentadas por los partidos del PRD, PT y MC, fueron desechadas en votación económica. La clara ausencia de las mayorías priista y panista, ocasionó, en principio, una rebatiña de discursos entre legisladores de oposición y del PRI.
El panista José González Morfín, presidente de la Cámara, ordenó abrir el tablero electrónico para comprobar que no se cumplía con la asistencia mínima. Una vez que panistas y priistas entraron al recinto, los perredistas exigieron dar inicio a la sesión nuevamente y se volvieran a votar las mociones supensivas, en tanto la fracción parlamentara del PRI demandó se continuara con la discusión.
González Morfín hizo caso omiso de las peticiones de la oposición, por lo que las y los diputados del PRD tomaron la parte baja de la tribuna, mientras priistas y panistas resguardaron la mesa directiva ubicada en la parte alta, protegiendo al que preside esta cámara, una vez que se escucharon los argumentos de la oposición; los perredistas accedieron a bajarse del estrado, siempre y cuando, la última de las ocho mociones suspensivas presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, fuera avalada mediante votación nominal (conteo con tablero electrónico).
La reserva de Mícher Camarena no fue la excepción, y fue rechazada con 256 votos en contra y 95 a favor, en ésta se establecía que el Estado debía vigilar todos los contratos celebrados con las empresas extranjeras para establecer las ganancias y las pérdidas de ambas partes.
En todas las mociones presentadas este viernes se planteó que se avalan constitucionalmente las desventajas competitivas de Pemex ante las empresas extranjeras, las cuales “constitucionalmente” tendrán preferencia sobre las actualmente paraestatales.
A las transnacionales no se les fija una cuota de contribución al Estado mexicano, tampoco están obligadas a distribuir sus utilidades con sus trabajadores e incluso podrán disponer de todos los recursos legales para la “ocupación temporal” de predios en zonas agrícolas y urbanas.
Además, se pondera la actividad energética sobre cualquier otro tipo de actividad humana, se coloca a la inversión extranjera sobre el interés público y por encima de la población mexicana, a quien se le “despojará” de sus modos de subsistencia y vivienda, a lo largo de todo el territorio mexicano.
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