El IPN y académicos de las universidades norteamericanas brindaron un servicio al INE
Sin embargo, el director general del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez Casas, concluyó de manera abrupta, unilateral y arbitraria con el contrato
Académicos de la Universidad de Harvard y de Massachusetts Institute of Technology (MIT) demandaron a funcionarios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por violación a derechos de autor, plagio y robo de propiedad intelectual, imputaciones por las que también solicitan un pago de 14.5 millones de pesos.
Mario Alberto Rodríguez Casas, director General del IPN; Luis Alfonso Villa Vargas, director de Extensión e Integración Social; y Héctor Leoncio Martínez Castuera, secretario General del IPN fueron los demandados, así lo informó Israel Reyes Gómez, quien pertenece al equipo multidisciplinario estadounidense.
El académico detalló que el IPN en conjunto con académicos de las universidades norteamericanas brindaron un servicio al Instituto Nacional Electoral (INE), pero dichas aportaciones fueron utilizadas sin autorización y además, no recibieron los pagos acordados.
En entrevista retomada por Radio Fórmula, Reyes Gómez indicó que fueron contratados por el IPN en común acuerdo con el INE. El objeto era contribuir a garantizar la continuidad de las operaciones del proceso electoral mediante el diseño de estrategias de atención a riesgos y crisis.
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Sin embargo, luego de tres meses de reuniones en los que trazaron una programación y el desarrollo de la misma, el pasado mes de febrero Rodríguez Casas concluyó de manera abrupta, unilateral y arbitraria con el contrato.
El argumento del director General del IPN fue que no tenían tiempo suficiente para cumplir adecuadamente los términos que estaban señalados en el convenio que el mismo firmó y sin importar que el IPN ya había recibido distintos trabajos desarrollados por los especialistas, mismos que a su vez se entregaron al organismo electoral.
Reyes Gómez puntualizó que la demanda ya fue presentada ante las autoridades judiciales mexicanas y en la misma se solicita el pago de más de 14.5 millones de pesos aunque el total del contrato era de 58 millones de pesos. Además, este nuevo proceso se suma al que ya cuenta en México por incumplimiento de contrato.
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