Organizaciones señalan que lo encerraron con pruebas falsas
El activista defendía a un grupo de pescadores que se opone a la construcción de dos proyectos
John Joseph Moreno Rutowski, abogado y defensor de los derechos humanos, está encarcelado desde hace dos meses a pesar de que no hay pruebas en su contra de que haya cometido algún delito. Él se encontraba defendiendo a las comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, en Baja California Sur, en donde la empresa Mira, ligada al cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, lleva a cabo un complejo inmobiliario.
Moreno era el abogado de un grupo de pescadores de dicha comunidad, ubicada en el Pacífico, la cual se opone a la construcción del proyecto minero “Los Cardones” y a la edificación de “Tres Santos”, una villa de lujo de 435 hectáreas, que aseguran está dañando un sistema de humedales y manglares cercano.
Mediante un comunicado, diferentes organizaciones de la sociedad civil informaron que este proyecto es llevado a cabo por Black Creek Group, una compañía que pertenece Mira, ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del expresidente de México.
Además, la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos se mostró en contra del proyecto al acusar que daña el suministro del agua de la zona, además de que despojará a los pescadores de sus tierras y representará daños al ecosistema.
La detención de John Moreno se dio el pasado 19 de mayo acusado del delito de despojo, esto a pesar de estar bajo el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Al ser entrevistado por el portal de noticias SinEmbargo, el abogado del activista, Arturo Rubio Ruiz señaló que el proceso tiene diferentes irregularidades, sumado a que no cuentan con pruebas que demuestren su culpabilidad, con lo cual y apegados al Nuevo Sistema de Justicia Penal debería estar libre, pese a ello, ya son dos meses los que lleva encarcelado en el Cereso de La Paz.
“Tengo 40 años litigando y nunca me había encontrado con un abuso de poder tan grande como este, en el cual la Procuraduría [de Justicia del Estado] falsifica documentos y acusaciones para consignar a una persona. Es inaudito”, dijo el abogado, quien además acusó que dejaron incomunicado a su cliente al quitarle su teléfono celular.
También organizaciones civiles mostraron su preocupación ante las violaciones de los derechos humanos del activista.
“La Jueza [Rosalía J. Domínguez] le negó la libertad provisional, al argumentar que se trata de un delito grave, pero se reformó la Constitución y el artículo 19 establece que sólo delitos como crimen organizado, homicidios dolosos, violación, secuestro, trata de personas, etcétera, requerirán prisión preventiva, o sea, no el despojo”, dijo el defensor.
Rubio Ruiz dijo que su detención representa violaciones al debido proceso: “Lo que denunciamos es que para poder liberar la orden de aprehensión, la Jueza utilizó pruebas que demostramos que son falsas”, señalando que el responsable de esas falsificaciones sólo puede ser “alguien con mucha autoridad”.
Por su parte, diferentes organizaciones hicieron una lista de los derechos humanos que a su consideración fueron violados durante la detención:
1. Al derecho a la libertad.
2. Al derecho de presunción de inocencia.
3. A los derechos procesales.
4. A la garantía de seguridad jurídica.
5. A la garantía de legalidad.
6. A la garantía del debido proceso.
7. A la garantía de justicia pronta.
8. A la garantía de justicia expedita.
9. A la garantía de certeza jurídica.
10. A los derechos derivados y consagrados en la convencionalidad internacional.
11. Al derecho y garantía de aviso a la Embajada de Estados Unidos.
12. A la garantía y garantía y derecho de asistencia consular.
13. Al derecho y garantía de acceso y obtención de las constancias que integran la causa penal.
14. Al derecho y garantía de inmediatez procesal.
15. Al derecho y garantía de un procedimiento abreviado.
Sé parte de la conversación