Si un servidor público realiza actos de discriminación o superioridad, las sanciones incrementan hasta en dos terceras partes
La Cámara de Diputados avaló castigar hasta con cuatro años de prisión, multa de hasta 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y hasta con 300 días de trabajo comunitario, a quien difunda ideas basadas en la superioridad, el odio racial o por motivos racistas que inciten a cometer cualquier acto de violencia en contra de una persona determinada o un grupo de personas.
Este proyecto fue turnado al Senado de la República para su análisis. El documento indica que las personas que formen parte de organizaciones que promuevan la discriminación racial o inciten a ella o cualquier tipo de violencia racial serán sancionados con una multa de 50 a 10 veces el valor de Unidades de Medida y Actualización, informó El Universal.
De igual manera aplicará una sanción a quien asista a actividades de las organizaciones que promuevan la discriminación racial o inciten a ella, o cualquier tipo de violencia racial, entre ella el financiamiento. En estos casos serán castigados con penas de hasta tres años de cárcel y una multa de hasta 300 veces el valor de una Unidad de Medida y Actualización.
En el artículo 149 de la Constitución se describe que cuando se realice cualquier tipo de acto descrito anteriormente por un servidor público, las sanciones podrían incrementar hasta en dos terceras partes.
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