La CNDH destacó la disposición por parte de la próxima administración federal, para dar seguimiento a las recomendaciones
El documento fue entregado por Luis Raúl González Pérez a la próxima titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero.
Este Jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entregó la Agenda Básica de Derechos Humanos al equipo de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que el primer punto se enfoca a atender casos como Ayotzinapa Nochixtlán, Tlatlaya y Tanhuato.
A través de un comunicado, retomado por El Financiero, la CNDH mencionó que el documento fue entregado por parte del ombudsperson, Luis Raúl González Pérez, a la próxima titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Olga Sánchez Cordero.
El organismo destacó que en dicho encuentro hubo una disposición favorable por parte de la próxima administración federal, para dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones emitidas, así como para mantener un diálogo respetuoso y constante a fin de “construir” un ambiente de paz en la nación.
Los diez puntos fundamentales que la Agenda Básica comprende para dar seguimiento y solución en materia de derechos humanos son:
1.- La conclusión y el esclarecimiento de los casos de Ayotzinapa, Nochixtlán, Tlatlaya, Tanhuato, entre otros, en los que se determinen la existencia de violaciones graves a los derechos humanos.
2.- La redefinición de las estrategias de seguridad pública, con el objetivo de que la misma quede exclusivamente a cargo de las autoridades civiles, así como establecer un plan ordenado para regresar a las fuerzas armadas a las funciones que les son propias.
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3.- Implementación tanto administrativa como operativa del Sistema Nacional Anticorrupción y de las Fiscalías Autónomas, previniendo, en el caso de la fiscalía, un plan de transparencia para la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) y la nueva fiscalía general.
4.- Esclarecimiento y conclusión de los casos de ejecución arbitraria, desaparición forzada y de tortura.
5.- El establecimiento de mecanismos de verificación respecto a la debida implementación de leyes generales de desaparición y tortura, así como los recursos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
6.- Conclusión y esclarecimientos de las investigaciones relacionadas con homicidios y agresiones a periodistas, comunicadores y a defensores de los derechos humanos.
7.- Replanteamiento y revisión de mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, contemplando que sean aplicables en cada entidad del país.
8.- Conclusión y esclarecimiento de los casos de homicidio doloso en contra de mujeres o de feminicidios.
9.- Contar con indicadores claros de seguimiento para fortalecer la Alerta de Género.
10.- Realizar las adecuaciones normativas necesarias para garantizar la autonomía de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, en las distintas entidades federativas.
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