Las reformas emitidas en Quintana Roo aún están pendientes de sentencia
La SCJN determinó que los congresos estatales violaron la Reforma constitucional de 2015
Las reformas anticorrupción aprobadas en Veracruz y Chihuahua, con las cuales se pretendía favorecer a los gobernadores priistas Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez, fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Pleno de la Corte resolvió de manera inánime que no estaba dentro de las facultades de los Congresos estatales legislar en esta materia, porque aún no se expedían las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo que ocurrió hasta el pasado 18 de julio.
Por tanto, las normas expedidas por dichos congresos estarían violando los artículos transitorios de la Reforma constitucional de 2015 en materia de corrupción, ya que al emitir normas locales y aprobar un sistema local anticorrupción, los mandatarios ejercieron una capacidad que aún no les corresponde.
El SNA establece, a través de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que los estados deben esperar hasta la expedición de las leyes generales mencionadas para poder legislar, pues sus leyes locales deben coincidir con los lineamientos que el SNA establezca.
Luego de la decisión de la SCJN, la Fiscalía y todo el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas creados en Veracruz fueron anulados, mientras que en Chihuahua fue anulada la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, Procuraduría General de la República (PGR) emprendió acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra del congreso de Quintana Roo, por sus reformas en materia de Anticorrupción y “nombramientos a modo”, por lo que están a la espera de la sentencia.
Con estas acciones se estaría poniendo fin a la polémica generada en torno al intento de “blindaje” de estos tres gobernadores acusados de corrupción, mismos que han dejado de contar con el apoyo de su partido, al grado de que organizaciones internas del PRI han promovió su expulsión del partido.
Fuente: Sin Embargo
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