Acusan que su licitación está en medio de irregularidades
Dicho dispositivo ya ha sido instalado en mil 250 taxis en la capital y se prevé que para 2018 este sistema ya esté operando en más de 138 mil unidades
L1BRE es un proyecto que busca la modernización de la industria de los taxis tradicionales, lo cual es apoyado por la iniciativa privada y el gobierno de la Ciudad de México, con el que se pretende superar a servicios como Uber y Cabify.
Dicho proyecto se centra en la incorporación de un sistema de tabletas y monitoreo en línea de los viajes realizados por las unidades oficiales, además de incluir un botón de pánico tanto para pasajeros y conductores, así como seguros contra accidentes y robos.
Esto ya ha sido instalado en al menos mil 250 taxis en la capital y se prevé que para 2018 este sistema ya esté operando en más de 138 mil unidades registradas en la CDMX.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad (Semovi) dio a conocer que las tarifas actuales de 8.74 para banderazo y 13.10 en sitio no serán modificadas por la adición de esta tecnología.
También dijo que el costo por dicho proyecto será de 565 millones de pesos, los cuales serán recuperables con las tarifas actuales, según lo publicado por Expansión.
La controversia entre los taxistas
La licitación del sistema L1BRE causó una controversia entre los taxistas, ya que generó dudas sobre cómo fue otorgada. Todo comenzó en mayo de 2016 cuando la Semovi publicó los requisitos y un mes después la concesión fue dada a la compañía Lusad, propiedad del cubano-estadounidense Felice Gorordo, pues fue el único negocio con presencia en el concurso.
Dicha licitación se pudo lograr gracias a la intervención del empresario Eduardo Zayas Dueñas, directivo de la empresa, y a la negociación realizada por Iñaki Negrete González y Santiago León con Semovi. Dichas pláticas con la dependencia se debieron a que un tribunal federal había catalogado de ilegal el plan del gobierno capitalino para reemplazar los taximetros con tabletas.
Sobresale que Negrete González fue acusado de ser uno de los principales prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Otra de las críticas de los taxistas es que dicho proyecto prevé un cobro de 12 pesos, más impuestos, por viaje durante los primeros tres años y, pasado ese tiempo, a los trabajadores se le cobraría una cuota fija de 8.3 por ciento por tarifa para tener este beneficio de la Semovi.
Sé parte de la conversación