“A diferencia del oro y la plata que son sólo para ornato, el carbón es vital para la vida de México. Y mientras México se desarrolla, la región que lo sustenta se hunde y vive en el abandono”.
“El carbón es el único mineral que reniega para salir: se enfurece, tiene gases explosivos y siempre hay agua. Los mineros arriesgan su vida todos los días para llevar la comida a sus casas”.
Cristina Auerbach Barragán, activista
Los mineros trabajan alrededor de 14 horas diarias, seis días a la semana y en promedio ganan 130 pesos por jornada.
Los trabajadores deben completar toneladas; por cada una les pagan 100 pesos. Si el minero quiere estar asegurado en caso de accidente, sólo les dan 70 pesos (ellos deben cubrir su póliza). La empresas que revenden el carbón lo ofertan en 2,000 pesos la tonelada.
Las minas de carbón en México son una bomba de tiempo: trabajadores que laboran en condiciones de esclavos; cadenas de corrupción que involucran a funcionarios públicos de primer nivel; grupos de la delincuencia organizada que someten a los habitantes de la región y empresas dispuestas a devastar pueblos enteros a cambio de un beneficio económico. En Coahuila, no importan las vidas que cueste, los daños, o los medios, para conseguirlo, sino las ganancias que se obtengan.
El carbón, una piedra negra y tosca, es desde el siglo XIX la base del desarrollo en México. Tan simple como que sin carbón no existiría el ferrocarril o la industria acerera. Cinco de cada diez focos mexicanos utilizan el mineral sustraído de la región carbonífera ubicada en el norte del país y que concentra el 95% de las reservas nacionales.
Pero la vida en esta zona es un infierno donde domina la ley del más fuerte y el maltrato a los mineros es un modo de vida.
Trabajadores no pueden utilizar todo el equipo de seguridad, porque complica su movilidad en las minas.
EL DIAMANTE DE LOS POBRES
No, no tiene el precio del oro o el diamante. Por el contrario, su valor radica en la utilidad. Es tan importante que sin él, el país se muere. Así de simple.
La mayor veta de carbón del país se ubica en Coahuila, un territorio poco más grande que la extensión total de Querétaro. Son varios municipios los que la conforman, pero lo principales son Múzquiz, Sabinas, Juárez y San Juan de Sabinas. En este último lugar se encuentra la infame mina de Pasta de Conchos, donde en febrero de 2006 una explosión acabó con la vida de 65 trabajadores cuyos cadáveres nunca fueron rescatados.
En los últimos 10 años, más de tres mil mineros carboníferos han muerto en la región tratando de sustraer el preciado mineral. Son “siniestros” ocurridos tanto en grandes empresas, (varias de ellas de Grupo México) como en tajos y pozos de pequeña minería, la mayor parte de ellos son clandestinos.
En los poblados de Nueva Rosita, Cloete, Agujita o Barroterán, donde la minería es el único modo de vida, hace tiempo que dejaron de llamarles accidentes, y ahora son siniestros:
“Un accidente es algo circunstancial, algo que no está planificado y ocurre; en estas minas son siniestros porque detrás hubo negligencia; incidentes que se pudieron evitar”
explicó Cristina Auerbach, activista y defensora de los derechos de los mineros carboníferos.
Señaló que tanto en las grandes empresas, como en la extracción a pequeña escala están ocurriendo irregularidades con los trabajadores. En los grandes consorcios someten a los empleados a condiciones infrahumanas.
“El trabajo es difícil, laborar en condiciones de 60 grados centígrados, con humedad, pero también ocurren anomalías como obligarlos a trabajar en puntos donde hay altas concentraciones de gas metano… eso fue lo que provocó la tragedia de la mina de Pasta de Conchos; en la mayoría de las empresas no dan las prestaciones necesarias a los trabajadores”,
destacó Cristina Auerbach
Esta falta de apoyos es evidente, por ejemplo, ninguna compañía ha desarrollado un programa para atender los males respiratorios que aquejan a los mineros. Es por ello que su esperanza de vida es 10 veces menor a la de cualquier otro empleo en México.
En la pequeña minería las cosas son peores y por lo general operan en la ilegalidad: trabajadores laboran en tajos, vetas a cielo abierto donde los riesgos de deslave son comunes, cuevas a las que deben ingresar por ductos de apenas 70 centímetros de diámetro o pozos de 80 metros de profundidad donde deben permanecer varias horas sustrayendo carbón y no pueden usar los equipos de seguridad. También es frecuente que empleen a menores entre 10 y 14 años, porque ellos caben mejor en las perforaciones.
Lo que sacan de la tierra no pueden venderlo directamente ya que se obtuvo en condiciones anómalas. Entonces recurren a intermediarios, empresas “establecidas” que fingen que ellos sustrajeron el material cuando en realidad se sacó en condiciones que no serían toleradas por la ley. Estos “coyotes” legalizados compran la tonelada en 70 pesos, pero lo revenden en dos mil pesos, una ganancia de 1800%.
“Es un peligro la pequeña minería, pero es un negocio redondo. Por ejemplo, un minero en pequeña escala no puede usar el rescatador, por la altura de la mina simplemente no
entra; la ropa de seguridad tampoco la usan: los pantalones no sirven en esas circunstancias porque el polvo de carbón se combina con el agua y se les pega a las ingles y testículos (es imposible trabajar así); los lentes protectores se empañan por la temperatura, tampoco pueden usarlos; las pistolas hidráulicas no funcionan de forma adecuada y los cubreorejas es un riesgo portarlas porque no se darían cuenta de una explosión por la fuga de gas… difícilmente usan casco, si es es que tiene uno”.
En la región carbonífera hay un debate: por un lado grupos ecologistas critican la explotación masiva de las grandes empresas y la destrucción del medio ambiente, así que abogan por actividades sólo de pequeña minería. Sin embargo, quienes conocen el mundo de los pequeños mineros saben que se trata de una actividad mortífera, mal pagada, en condiciones insalubres, con casos de esclavismo, clandestinaje y explotación, pero es el único modo que tienen para sobrevivir.
Los trabajadores del carbón llegan a laborar hasta 14 horas consecutivas extrayendo mineral y viven en condiciones precarias. Por el otro lado están las empresas voraces que lentamente se apoderan de pueblos y comunidades para seguir con la extracción del verdadero oro negro.
“En Coahuila antepusieron el valor del carbón sobre la vida de los mineros”
afirmó Auerbach.
CORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA
La codicia es grande en Coahuila, pero quien llega a la zona carbonífera sabe que está parado sobre un tesoro listo para ser explotado a través de todos los medios, incluso aquellos que no son éticos. En esta tierra todos sacan tajada, desde la delincuencia organizada hasta los funcionarios; incluso no se sabe con precisión donde acaban unos e inician otros.
Al llegar a la zona de Nueva Rosita uno se percata que está vigilado: camionetas con “halcones”, la mayoría de ellos vinculado a los grupos delictivos de Los Zetas rondan en cuanto ven forasteros por área. Andan por las brechas y a algunos de ellos no les da temor mostrar que están armados mientras pasean en las trocas o motocicletas. Pero los mineros están acostumbrados a ellos, también al maltrato y a las promesas incumplidas.
A finales de la década pasada, muchos de los extractores de carbón (tanto empresas como pequeños mineros) eran víctimas de extorsiones por parte de Los Zetas, quienes pedían cuotas y comisiones de los cargamentos sustraídos.
Los Zetas pronto cambiaron de giro y vieron las ventajas, no de explotar a unas cuantas personas, sino adueñarse totalmente de los predios, lo que les incrementaría las ganancias. Debido a las reestructuraciones propias del cártel, Los Zetas comenzaron a ceder y se redujeron los despojos de predios. Los narcotraficantes no desaparecieron de la zona, sólo que el tráfico de drogas y la trata de personas les reditúa más y priorizaron estas actividades.
A cinco años de distancia, siguen los despojos, pero son otros los responsables: funcionarios coludidos con empresarios. La diferencia es que cuando eran Los Zetas, el gobierno afirmaba que todo era ilegal; ahora es lo mismo, pero como lo hacen burócratas, es considerado como lícito.
PUEBLOS DEVASTADOS
Ejemplo de la voracidad empresarial es el pueblo de Cloete, pequeña comunidad ejidal ubicada en el municipio de Sabinas donde habitan cuatro mil personas. De la noche a la mañana, apareció un supuesto dueño de todas las propiedades, una persona llamada Servando Guerra.
Guerra es lo que llaman un “coyote del carbón”, terratenientes que tienen concesiones y permiten a empresas desarrollar tajos, explotar cuevas y perforar pozos. Los pozos y las cuevas son sumamente peligrosas, mientras que los tajos son devastadores para la ecología. Aún así operan bajo el amparo de las autoridades municipales y estatales.
El caso de Cloete es paradigmático de lo que ocurre en la región carbonífera: hasta hace unos años, Guerra era el albañil del pueblo y le apodaban “El Tawa”. A pesar de no ser una persona de recursos, resultó dueño de cientos miles de metros cuadrados del ejido. Nunca ha presentado documentos que acrediten su propiedad y a pesar de ellos cuenta con permisos municipales (y protección del municipio) para la explotación del terreno.
Según consta en documentos, así es como las empresas Coal del Norte, Jesús Elpidio Aranda Valdez, Orlando García Macías, Taso Grandeco, Minera La Coqueta y Compañía Mineral Ecológico Sabinas entre otras, cual langostas en sembradío, comenzaron a perforar la comunidad. El objetivo: sustraer lo más que se pueda.
Cloete se transformó en una inmensa mina. Día y noche, las máquinas cavan bajo las viviendas, donde antes había un estadio de beisbol ahora es un inmenso socavón, donde existían calles ahora son montañas con desechos de la extracción. Incluso un arroyo tuvo un cambio de cauce (lo que constituye un delito federal), pero nadie ha sido sancionado. El daño ambiental y social es catastrófico.
Los vecinos de Cloete son presionados y amenazados para que se vayan, les demandan que entreguen sus terrenos y casas. A quienes piden indemnización les ofrecen sumas irrisorias: predios fincados de 800 mil pesos los quieren expropiar por 15 mil. Si no ceden, comienzan las llamadas, también los “levantones” y golpizas.
“El polvo es insoportable, los tajos antes estaban más lejos, ahora están a un lado de nuestras casas”
explicó Esmeralda Saldaña, una de las damnificadas quien le preocupa la salud de su bebé o que un buen día su propiedad se desplome, porque la tierra en Cloete la están dejando hueca. Ella asegura tener los papeles de su terreno, pero a decir del municipio, los documentos no tienen “ningún valor”.
Las máquinas pesadas trabajan las 24 horas, abren cuevas sin autorización y pozos que nunca se toman la molestia de tapar. Lo que era un poblado ahora es peor que zona de bombardeos.
Habitantes de la humilde comunidad acusan a Álvaro Jaime Arrellano, primer regidor del ayuntamiento de Sabinas por el Partido del Trabajo (PT), de otorgar los permisos falsos para solapar la explotación de los terrenos. La cadena de corrupción alcanzaría a otros funcionarios y empresarios, al mismo alcalde de Sabinas, Lenin Flores y el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, como presidente de Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), organismo cuyo objetivo era impulsar la región carbonífera y controlar la extracción.
Y así como sucede en Cloete, la misma situación, los despojos y los abusos, la desaparición de los pueblos se repite en varias comunidades de la zona carbonífera, salvo en las cabeceras municipales de Múzquiz y Sabinas. Poblados como Agujita, Minas de Barroterán, Palau, La Florida o Nueva Rosita lentamente comienzan a ser devastadas.
Lo más grave es que no hay nadie que los defienda; están solos en estas comunidades. Aún confían en las mismas autoridades que los traicionaron y sólo hacen promesas vacías de auxiliarlos. Las denuncias ante autoridades de Protección Civil, Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales han sido inútiles. Están solos contra un monstruo, contra un titán.
NEGOCIO REDONDO
La minería del carbón es muy rentable. De acuerdo a cifras de la Auditoría Superior de la Federación, tan sólo en cinco años (de 2005 al 2010) las ganancias fueron de 552 mil millones de pesos y casi no pagaron nada al erario, apenas el 1.4% de lo obtenido.
¿El carbón es negocio? Por supuesto, incluso más que otros productos. Las minas concesionadas deben vender su producción a la Comisión Federal de Electricidad, según el acuerdo firmado entre la CFE y Promotora para el Desarrollo Minero. En otras palabras, siempre hay un comprador de lo que se sustraiga, pues la CFE necesita el material para la producción de gas.
A decir de los abogados defensores de las comunidades afectadas, los empresarios del carbón son al mismo tiempo funcionarios y políticos, quienes aprovechándose de sus cargos expiden documentación para permitir el despojo, regalan sellos y firman papelería. Justifican la invasión de propiedad privada con el argumento de que el carbón estaba primero que las familias.
Al 2013 se encontraban vigentes 25,786 títulos de concesión, lo que equivale a 32 millones de hectáreas entregadas a particulares. A su vez, estos concesionarios permiten a las empresas laborar en sus terrenos. Las labores de extracción son realizadas por 11 mineras de carbón de grandes consorcios (como Grupo México de Germán Larrea o Grupo Acerero del Norte de Alonso Ancira Elizondo, dos de los hombres más ricos del país), 60 compañías medianas, y miles de pequeñas empresas que explotan a través de pocitos y tajos.
Después de vender el carbón a Prodemi, paraestatal administrada por el gobernador de Coahuila Rubén Moreira, todo se procesa en plantas lavadoras y se le entrega a la CFE.
El organismo estatal fue creado en 2003 para combatir la sustracción ilegal y la explotación clandestina, pero a decir de los damnificados, fue todo lo contrario: la creación de un negocio particular.
Y es que Promedi, desde su nacimiento, ha sido señalada de diversas irregularidades, como otorgar contratos a empresas que no producían carbón y sólo eran intermediarias comprando la producción a los pocitos para revenderla a la CFE. Actualmente está práctica se sigue llevando a cabo sin control.
Pese a las demandas de diferentes organismos de derechos humanos, se ha exigido que Prodemi limite la adquisición de carbón a las empresas que no cumplan con las medidas de seguridad mínimas para los trabajadores. Sin embargo, la paraestatal no impone limitaciones a la extracción de pozos y cuevas, tipo de minería que cobra la mayor cantidad de vidas, pero es el más económico. Y es que en Coahuila el objetivo es sacar el mayor beneficio, pero al menor costo.
TRAGEDIA QUE SE REPETIRÁ
En la carretera que lleva de Nueva Rosita a Palau hay una curva donde sobresalen más de 70 cruces blancas. En ellas pintaron los nombres de los trabajadores que en los últimos años murieron atrapados en las minas. Junto a los epitafios aparecen demandas de justicia y las exigencia de rescate, pues la mayoría de los cuerpos permanecen atrapados.
A las empresas no les gusta para nada este monumento ciudadano; por el contrario, una y otra vez han tratado de quitar las cruces e incluso pintarlas para esconder a las compañías que fueron responsables de los siniestros y cuyos nombres están marcados en los maderos.
Sin embargo, es el único homenaje que los mineros y sus familias tienen para los caídos. Ni las autoridades o los consorcios tienen la intención de rescatar a las personas atrapadas y por ello no permitirán en ningún momento que retiren las cruces.
Este 19 de abril en Cloete se conmemoró el noveno aniversario de las misas mensuales que se llevan a cabo para recordar a los 65 mineros muertos en la tragedia Pasta de Conchos, uno de los peores desastres del ramo en la historia nacional.
Parientes de las víctimas siguen esperando que el gobierno o los dueños de la mina, Grupo México, decidan reabrir los pozos y sacar los restos de los fallecidos. Ellos están seguros que no murieron en la explosión como trataron de argumentar, sino que perecieron asfixiados porque no se actuó a tiempo para rescatarlos.
“Nosotros no pedimos nada, ni dinero, ni indemnizaciones, sólo que rescaten los cuerpos y poderlos enterrar… eso es lo único, es lo único que pedimos como padres, tener un cuerpo que enterrar” señala María Trinidad Cantú, una de las principales promotoras de que el legado de Pasta de Conchos no muera. Ella era madre de uno de los fallecidos, Raúl Villasana Cantú.
Doña Trini, como la llaman en el movimiento, aún recuerda a su hijo como una persona amable y alegre: “mi hijo nos advirtió dos semanas antes que la mina era peligrosa, que había mucho gas y los equipos, las pistolas hidráulicas no estaban funcionando bien… él nos lo dijo, y nos advirtió; sus compañeros también sabían que las cosas no estaban seguras ahí, pero de todas maneras tenía que hacer su trabajo”.
Ahora Doña Trini trabaja de manera incansable para que un incidente semejante no vuelva a suceder, pero todos en la región saben que volverá a ocurrir; la pregunta es ¿cuándo?.
Testimonios revelan que aquella fatídica madrugada en Pasta de Conchos, los niveles de metano en los túneles estaban muy por arriba de la norma internacional. La tragedia era inminente.
“El carbón es muy hijo de la chingada”, dice una de las visitantes a la misa que realizaron en Cloete y donde estuvo presente el obispo Raúl Vera. La activista Cristina Auerbach concuerda: “el carbón único mineral que reniega para salir. Sacar carbón es como estar sobre una bomba, gases explosivos y agua por todos lados. Porque donde hay carbón, siempre hay mucha agua. Una chispa y se desata el incendio”.
A decir de Auerbach, lo de Pasta de Conchos fue un llamado de alerta un problema social que se ha despreciado.
“Grupo México da los argumentos más inverosímiles para no abrir la mina y sacar los cadáveres. Pasta de Conchos podría seguir operando durante los próximos 20 años, porque la veta no se agotó. Lo que dicen para no entrar es que con el paso de los años, el agua dentro de la mina y los cuerpos en descomposición, se han generado contaminantes y hay virus como VIH, hepatitis. ¡Imagínate, dicen que eso es peligroso para los rescatistas!. Han pasado nueve años ¿cómo es posible que crean que el VIH siga ahí?. La realidad es que la empresa no quiere que se lleguen a revelar las irregularidades que había en la mina y que prevalecen en otras”.
En Cloete se instaló un cuarto que cumple funciones de oficina para la Familia Pasta de Conchos; desde allí los mineros lanzan un grito de auxilio por su situación y la depredación de sus comunidades.
Los muros del cuarto están tapizados por pañuelos bordados y cada uno representa un accidente donde los mineros murieron o por un milagro sobrevivieron.
Probablemente el pañuelo más grande que falta por hacer es por todas las personas que trabajan o habitan en la zona carbonífera, porque sobrevivir en esta parte del país es un verdadero milagro.
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