En plena visita a la ciudad colombiana de Medellín, donde recibió el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, la periodista Carmen Aristegui dió el siguiente paso en su lucha contra la censura: acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El jueves 1, sus abogados radicaron ante el organismo una demanda contra el Estado mexicano por denegación de justicia en su caso de violación del derecho a la libre expresión.
El viernes 2, a punto de abordar un avión para regresar a México, la periodista sacó cuentas de su visita de cuatro días a esta ciudad colombiana. El balance, dijo, es “extraordinario”.
Cumplió su expectativa de compartir con colegas de toda América Latina su ruta crítica de los últimos meses: desde su despido del Grupo MVS en marzo pasado, como secuela del reportaje sobre la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, hasta el juicio de amparo que, “por consigna”, le negó un tribunal colegiado.
El 30 de septiembre, en esta ciudad colombiana, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) le entregó a su equipo el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría de cobertura por ese reportaje sobre la Casa Blanca del presidente.
En dicha investigación, los reporteros del equipo de Aristegui revelaron que el presidente y su esposa, Angélica Rivera, poseen una mansión de 7.5 millones de dólares construida y financiada por Grupo Higa, beneficiario de millonarios contratos gubernamentales. En respuesta, la empresa MVS los despidió con argumentos que han cambiado en el curso del juicio.
La periodista chilena Mónica González, integrante del consejo rector del prestigiado premio, considera que haberlo conseguido constituye “un triunfo moral de Carmen y sus reporteros frente a la censura que ha impuesto sobre ellos el gobierno mexicano a través de MVS”.
Aristegui recibió el premio a nombre de su equipo y constató la solidaridad de decenas de periodistas latinoamericanos que participaron en la ceremonia de premiación y en otros foros organizados por la FNPI.
Entrevistada por Proceso, la comunicadora señala que ese respaldo la animó a presentar el jueves 1 una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por denegación de justicia, censura y presiones atentatorias contra la libertad de expresión.
Aristegui sabía del alcance internacional logrado por ese reportaje y la noticia de su despido de MVS, pero su estancia en Medellín del 28 de septiembre al 2 de octubre le permitió conocer el interés real de sus colegas por apoyarla con acciones concretas.
Por ello, su demanda ante la CIDH fue acompañada de un documento anexo en el que decenas de periodistas del hemisferio firman como “peticionarios”. Entre ellos figuran integrantes del consejo rector del Premio Gabriel García Márquez, como Mónica González, el argentino Martín Caparrós y el estadunidense Jon Lee Anderson, así como el exdirector del diario colombiano El Tiempo Enrique Santos, y el director general de la FNPI, Jaime Abello.
El jueves 1, la entrevista en la que relató cómo su equipo desarrolló la investigación en torno a la Casa Blanca de Peña Nieto sirvió de portada al diario El Tiempo. Su demanda ante la CIDH fue noticia en Latinoamérica. La mayoría de quienes escriben sobre ella la identifican como la periodista que se atrevió a informar acerca de la millonaria mansión del presidente mexicano y fue castigada con su salida del aire.
Fuente: Proceso
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