Los exfuncionarios publicaron en redes sociales comentarios sobre las protestas feministas
Ambos estados coinciden en reprobar cualquier manifestación que incite el odio o la violencia contra las mujeres
Dos servidores públicos que incitaron a la violencia contra las mujeres que participaron en las protestas del pasado viernes en contra de la violencia de género, en los estados de Yucatán y Quintana Roo, fueron destituidos de sus cargos, informó el diario Reforma.
El primero fue Fausto Enrique Loría Ortíz, quien trabajaba en la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
El exfuncionario compartió un video en Facebook de la “Brillanteada” en Mérida con el siguiente mensaje:
“Porque no pasa una pipa llena de gasolina y les prenden fuego?? De vdd que patético.”
Al respecto, el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila expuso que en la entidad no se tolera la violencia contra las mujeres, por lo que los comentarios de Loría Ortíz contravienen lo valores de su Gobierno.
“He dado la instrucción de que sea dado de baja inmediatamente de su cargo”, detalló en su cuenta de Twitter.
En #Yucatán no toleramos la violencia contra las mujeres. Los comentarios en redes de Fausto Enrique Loría Ortíz, empleado de la @fgeyucatan, contravienen con los valores de nuestro gobierno. He dado la instrucción de que sea dado de baja inmediatamente de su cargo.
— Mauricio Vila (@MauVila) August 19, 2019
El otro servidor público identificado en redes como Ernesto Smith Jr., era actuario adscrito al Juzgado Oral Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo en Chetumal.
Smith Jr. comentó en la página de Facebook “Exponiendo al macho”:
“Deberían de agarrarlas a vergazos por vandalizar, perras llenas de odio e intolerancia, putas locas.”
De acuerdo con el medio Noticaribe, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó el cese del funcionario.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado dijo que reprueba cualquier manifestación, especialmente de quienes se desempeñan en el servicio público, que incite el odio o acciones en contra de la integridad física de las mujeres.
“Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, ello no es una carta en blanco para incitar a este tipo de conductas, máxime cuando la obligación constitucional de las servidoras y servidores públicos es la de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos”, informó a través de un pronunciamiento público.
El organismo confía en que el Poder Judicial del Estado tomará las acciones pertinentes para abatir la violencia de género entre su personal.
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