La CIDH hizo diversos señalamientos al expresidente Peña Nieto
“El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario”, determinó
El Estado mexicano es responsable de las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron contra 11 mujeres en Atenco, en 2006, así lo declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH determinó que estas 11 mujeres fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, así como de falta de acceso a la justicia, informó Reforma.
“El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”, sentenció la Corte.
“El uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos”, agregó.
Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar 3 y 4 de mayo de 2006 durante un operativo en el que participaron policías estatales y federales, mientras Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
Por ello, la Corte Internacional hizo diversos señalamientos contra el ahora expresidente de la República, entre otras autoridades.
“Esa noche hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, incluyendo al Gobernador del Estado de México, en la que se decidió utilizar la fuerza pública (…) El Gobernador, el Secretario de Seguridad Pública y el Coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública se retiraron ‘una vez que se acordó el uso de la fuerza pública'”, indicó.
“La estrategia específica del operativo policial se definió en una segunda reunión, en ausencia del Gobernador y del Secretario de Seguridad Pública, que terminó en la madrugada del 4 de mayo de 2006, en la que participaron las restantes autoridades federales, estatales y miembros del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva“.
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“(La Corte) observa que después de la violencia sufrida a manos de los elementos policiales, las víctimas fueron sometidas a la puesta en duda de su credibilidad y su estigmatización pública como guerrilleras por el Gobernador, el Secretario General de Gobierno del Estado de México y el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal”, continúo en su resolución.
Respecto a la sentencia, la Corte ordenó que el Estado mexicano deberá dar inicio a investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas con las que se pueda determinar, juzgar, y sancionar a todos los responsables de esta violencia y tortura sexual .
Asimismo, determinó que lleve a cabo un acto público en el que reconozca su responsabilidad internacional y ofrezca disculpas públicas.
“Y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la Policía del Estado de México”, sentenció.
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