Autoridades de Santa María Yucunicoco confirmaron que detuvieron a 20 elementos de la Policía Federal (PF) y de la Agencia Estatal de Investigaciones(AEI) por robo de vehículos, extorsión, allanamiento de morada, abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública.
Al cumplirse 36 horas de mantenerlos presos en la cárcel municipal, el fiscal general del estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, tuvo que trasladarse a la región mixteca para abogar por la liberación de los uniformados que, sin ningún oficio de comisión, se dedicaron a realizar tropelías violando su derecho como pueblo indígena.
Ahora, dijeron, será la asamblea comunitaria la que juzgará en próximas horas a los detenidos o en su defecto determinará su destino, porque no se encuentra justificada su presencia o el actuar de dichos elementos policiacos, ya que su representación no obedece a ninguna investigación policial que se encuentre en curso y tampoco acudieron al lugar para ejecutar algún mandamiento judicial o ministerial.
En un documento dirigido al gobernador Gabino Cué, al secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes y al ombudsman Arturo Peimbert Calvo, las autoridades de Santa María Yucunicoco, perteneciente al municipio de Juxtlahuaca, confirmaron que mantienen detenidos a 20 policías.
Entre los detenidos se encuentran Nelson González Rojas, William Cerqueda Betanzos, Lázaro Douglas Félix, José Juan Sierra Santos, Alejandro Ordaz Acosta, Miguel Ángel Ordaz Carrasco, Óscar Casiano Santos, Severiano Santiago Almazar, Cristóbal Salas Estrada, Alejandro Martínez Morales, Roberto García Guerrero, Sabino Ruiz, Ariana Cruz Urbieta y César Zárate Manríquez.
Relataron que este viernes 14, a las 09:00 horas, de manera furtiva, unas 50 personas fuertemente armadas llegaron a la comunidad en una patrulla de la Policía Federal y en cuatro camionetas particulares (tres de marca Ford Lobo y unapick-up) sin ningún tipo de rótulo o logo de alguna institución policiaca.
En un principio se dedicaron a recorrer las calles de la población, después, sin ninguna autorización se introdujeron en diversos domicilios particulares donde intentaron llevarse varios vehículos de procedencia extranjera con el pretexto de que la documentación respectiva no estaba en regla o por no estar actualizados en el pago de sus impuestos.
Incluso, añadieron, donde exigieron y lograron el pago de la cantidad de tres mil pesos para devolver las unidades de motor, situación que irritó a los habitantes y a la autoridad, quienes procedieron a requerirles su identificación y explicaran los motivos de su estancia en el lugar.
Sin embargo, dichas personas se negaron y tampoco quisieron identificarse, mucho menos mostraron alguna orden de cateo, orden de aprehensión, detención o arresto, oficios de comisión o de investigación.
Los policías no contaban con ningún mandamiento escrito de autoridad judicial o administrativa, ni algún mandamiento escrito que justificara su presencia en su comunidad, razón por la que procedieron a su detención, aunque otras 30 personas que viajaban en dos vehículos particulares marca Ford Lobo, lograron escapar.
Informaron que posteriormente se presentaron a la población dos personas, quienes tampoco quisieron identificarse con documentación oficial pero al parecer pertenecen a la Fiscalía de Huajuapan de León, ya que de forma prepotente y altanera exigieron la liberación de los 18 detenidos, por lo cual, se ordenó también su detención.
Denunciaron que “no es la primera vez que ocurren estos atropellos y ello nos preocupa porque la incursión policiaca en los términos narrados viola flagrantemente nuestros derechos humanos, máxime que al ser una comunidad indígena mixteca que se rige bajo un sistema normativo propio, tenemos instituciones que deben respetarse”.
Hicieron hincapié que ninguna persona, institución o autoridad puede introducirse a su población sin el conocimiento o sin estar al menos coordinados con la autoridad comunitaria.
“La actuación de la autoridad al ordenar la detención, no retención ni secuestro, de los elementos policiacos se encuentra amparada por el marco normativo constitucional y convencional que protege el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ejercer su jurisdicción para sancionar hechos que violen derechos de sus habitantes como el narrado, hasta el momento hemos sido respetuosos de los derechos humanos de las personas detenidas”, puntualizaron.
Finalmente, hicieron un llamado a todas las instituciones estatales y federales de seguridad pública, de procuración y administración de justicia, a iniciar un proceso de diálogo respetuoso en el que encuentren puntos de coincidencia para trabajar coordinadamente, ya que acciones como la ocurrida demuestran el poco respeto o el menosprecio que se tiene hacia los pueblos y comunidades indígenas, que también tiene sus propias instituciones, normas y procedimientos.
Fuente: Proceso
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