Alan Martínez, la víctima
Según la versión de los testigos, el atropellamiento no fue un accidente
Tras la denuncia, la madre del fallecido tuvo que cambiar de domicilio debido a las amenazas que recibió
La impunidad que se vive en México ha sido uno de los males más señalados por la ciudadanía, que asegura que las instituciones encargadas de impartir la justicia no hacen lo suficiente para garantizarla.
Ese es el caso de la muerte de Alan Martínez Rojas, un joven de 21 años, atropellado el 29 de septiembre de 2012, pues a pesar de que existen pruebas y el responsable confesó, éste fue liberado a los dos meses de la detención.
Los hechos ocurrieron a unos metros de su casa en la delegación Gustavo A. Madero. Un vecino de la zona, identificado como Edwin N, conducía el auto marca Golf color negro que mató a Alan.
De acuerdo con la declaración del responsable, tras el accidente decidió vender el coche “porque no sabía qué hacer” y semanas después se cambió de domicilio.
Aunque hubo comentarios acerca de la supuesta influencia del presunto responsable, la madre de Alan, Rocío Rojas, denunció ante las autoridades.
Rojas asegura que los vecinos le recomendaban no hacerlo porque “decía que eran secuestradores y que no me metiera con esa gente porque me podrían matar a mí o a mis hijos”.
“Sé que no hay reparación del daño, no hay dinero con el que pueda recuperar a mi hijo, pero lo que quiero es tranquilidad, que se le juzgue conforme a derecho”, comenta.
Sin embargo, desde el primer momento comprobó lo complicado que es moverse en el sistema de justicia.
El agente del Ministerio Público de Gustavo A. Madero 2 tipificó el delito como homicidio culposo agravado. Sin embargo, según la versión de los testigos, el atropellamiento no fue un accidente.
El accidente sucedió cerca de las cinco de la mañana, cuando Alan estaba con otro amigo rumbo a su casa después de una fiesta. Una camioneta roja con hombres dentro pasó junto a ellos y les gritaron insultos. Ellos no respondieron.
Detrás venía el auto de Edwin N y lo impactó a toda velocidad. El joven quedó prensado en el parabrisas tras el impacto, y Edwin N iba volantenado para deshacerse de él; en cuanto lo hizo, siguió su camino a toda prisa.
En contraste, el acusado asegura que Alan y su amigo estaban corriendo, intentando alcanzar a la camioneta roja que los había insultado, ante lo cual los tripulantes bajaron del vehículo y comenzaron a discutir con Alan.
Edwin N. asegura que “Alan fue quien se atravesó al momento que perdió el equilibrio por lo borracho que andaba. Yo no tuve la culpa”.
Asegura que no auxilió a Alan porque los tripulantes de la camioneta roja lanzaron una botella de vidrio contra el auto de Edwin N y los siguió.
El 23 de octubre de 2012, Edwin N fue señalado como presunto responsable, pero se reservó su derecho a declarar, argumentando temor por alguna represalia por parte de la familia de la víctima.
Una semana después, el 30 de octubre de 2012 declara que sí vio a Alan, pero no pudo esquivarlo. Sobre el auto que manejaba, aseguró que lo había vendido en Monterrey dos días después del suceso, y no tenía los datos para localizar al comprador.
Teniendo en cuenta sólo estos elementos, y pese a que los testigos relataron el atropellamiento y la huida, el juez de la GAM, Francisco Tercero, dejó en libertad al imputado, pues sin el automóvil como prueba material el caso podía archivarse.
La familia argumenta que el juez desestimó otras pruebas como la autopsia del cuerpo, en la que consta que un brazo estaba prácticamente desprendido, y la causa de la muerte fue contusión múltiple. También un peritaje terrestre en el que se comprueba que no hubo huella de frenado.
Pese a la decisión del juez, la familia llevó el caso al juzgado 43 del reclusorio Norte en 2015, donde tras analizar el expediente, la jueza Diana Carmona determinó que habían pruebas suficientes para que Edwin N enfrentara el proceso con posibilidad de cárcel de hasta 10 años, y emitió una orden de aprehensión.
Fue hasta el 8 de febrero de 2017 en el Estado de México, que Edwin fue detenido y trasladado al reclusorio Norte, donde sólo estuvo ahí dos meses, pues en la ultima audiencia el magistrado Enrique Sánchez Sandoval, de la cuarta sala del Tribunal Superior de Justicia, concedió la libertad al imputado argumentando que había cooperado en todo momento durante el proceso e impuso una multa de 50 mil pesos.
La familia interpondrá otro amparo para revertir esa decisión y aseguran que continuarán el tiempo que sea necesario para que el responsable pague por el delito que cometió.
Rocío Rojas tuvo que cambiar de domicilio debido a las amenazas que recibió, como un mensaje escrito en su vehículo “te vamos a enterrar”, o las cenizas tiradas en la puerta de su casa.
Los hechos fueron denunciado y solicitó seguridad a la policía capitalina.
Fuente: Animal Político
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