Activistas e integrantes de la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD) iniciaron un incidente de destitución y de sanción penal del titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y del comisario general de la Policía Ministerial de esa entidad, Mauricio Crispín Hernández Butrón, por contravenir el artículo 262 fracción primera de la Ley de Amparo, y pidieron este miércoles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el asunto, ante la inacción de un juez federal.
En conferencia de prensa, el activista José Humbertus Pérez Espinoza y otros integrantes del FMDVD dijeron que en represalia por esa denuncia y por otras que ha presentado esa asociación civil -que representa legalmente a cientos de familias defraudadas por vivienderas como Urbi, Geo y otras, que construyeron en el país miles de casas con materiales de baja calidad y a sobre precio de hasta 40 por ciento-, el procurador Gómez Sánchez pretende “inventar delitos” contra el dirigente del Frente Mexiquense.
“Queremos señalar que ante ésta acción pacifica y ciudadana, el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas; el procurador de Justicia de esa entidad (Alejandro Jaime Gómez Sánchez); el subprocurador general Germán García Beltrán; el fiscal regional de Ecatepec, Juan Francisco Hernández Aguilar; el titular del Centro de Atención Ciudadana en Tecámac (C- 3), Omar Hernández Heredia y el presidente municipal de Tecámac, Oscar Raymundo González Pereda, en una acción concertada, fabricaron una carpeta de investigación (antes averiguación previa) en mi contra, en donde se me acusa de cometer el delito grave de usurpación de funciones, porque cuando realice la notificación a los invasores de varias casas del fraccionamiento Urbi de Tecámac (aseguradas por la procuraduría mexiquense), supuestamente me presenté como policía, lo cual es total y absolutamente falso”, dijo Pérez Espinoza.
Agregó que “sabemos que esa no es la única carpeta de investigación, pues existen varias averiguaciones previas reservadas para consignarlas y evitar el que si soy detenido no alcance fianza y la privación ilegal de mi libertad dure muchos años. La verdad estas acciones son violatorias de mis derechos humanos y las enfrentaré. No es posible de que si soy imputado, hasta el día de hoy no se me deje conocer de que se me acusa ni haya podido conocer a quienes me denunciaron. Esto lo hacen porque saben que no existen elementos de tipo penal para detenerme, por eso lo quieren o lo harán de manera oculta, como actúan los delincuentes”.
El artículo 262 de la Ley de Amparo menciona que “se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I) Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad”.
El Frente Mexiquense sostiene en una de sus denuncias que el pasado 9 de junio, mediante el oficio número 21312A000/1022/2015, el procurador mexiquense (Alejandro Jaime Gómez Sánchez), a través de Verónica Solache Reynozo, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva de esa procuraduría, solicitó a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal la acumulación de tres juicios de amparo y la suspensión de los mismo, para que un juez (considerado “de consigna” por Pérez Espinoza) con residencia en Naucalpan resolviera estos juicios de garantías y terminara beneficiando a los dueños y representantes legales de la empresa Urbi, a los servidores públicos implicados (concretamente al presidente municipal electo de Tecamac) y a los intermediarios financieros (Sociedad Hipotecaria Federal y algunas Sofomes).
Los tres juicios de amparo fueron promovidos por Sergio Armando Guevara Márquez (quien permanece prófugo de la justicia y enfrenta una órden de aprehensión y por René Jaime Mungarro (ex representantes legales de Vinte y de Urbi, respectivamente).
“Los informes justificados del procurador mexiquense en esos amparos (de Guevara y de Mungarro) fueron falsos, le mintió a un juez con la finalidad de que se acumularan los amparos ante un juez de consigna en Naucalpan y eso es un delito”, añadió Pérez Espinoza.
Fuente: La Jornada
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