María de Jesús aseguró que a su acosador no le han hecho nada
“Tras denunciar, me sacan de mi dependencia como si yo fuera la culpable, y las instituciones que me deben de apoyar, como el Instituto de las Mujeres del estado o el Centro Estatal de Atención a Víctimas, son omisas”, dijo
María de Jesús Almendarez Prieto, quien es trabajadora dentro del gobierno estatal de San Luis Potosí se encadenó a un sillón de la Oficialía Mayor del estado desde el pasado 16 de mayo después de estar harte de ser relegada en su lugar de trabajo, además de sufrir acoso y hostigamiento laboral, lo cual ha sido ignorado por el gobernador Juan Manuel Carreras López.
Esto comenzó después de denunciar a un integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Estado, después de que la acosara sexualmente en su trabajo.
María de Jesús tiene 24 años realizando labores contables en el área de Ingresos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop). Ahí, y desde 2013, comenzó a sufrir acoso sexual de Juan Martín Gatica Izaguirre, compañero y delegado del Sindicato Único de Trabajadores del Estado (SUSTGE) que encabeza la lideresa Bernardina Lara Argüelles.
Acusa que durante un año Gatica comenzó a acercarse a ella, primero fueron palabras y después tocamientos sin su consentimiento. Después le dijo que eso la molestaba, aunque dicho sujeto le comenzó a mandar flores. Por lo que para 2014 decidió interponer una denuncia penal por acoso y abuso sexual contra el delegado sindical, lo cual la terminó afectando más.
“Tras denunciar, me sacan de mi dependencia como si yo fuera la culpable, y las instituciones que me deben de apoyar, como el Instituto de las Mujeres del estado o el Centro Estatal de Atención a Víctimas, son omisas y por el contrario, me han discriminado”, dijo en entrevista telefónica con la agencia Apro.
Después de esto fue removida de su cargo en diferentes ocasiones sin motivos aparentes.
Además, intentó que el gobernador del estado Juan Manuel Carreras la escuchara, a quien le envió tres cartas donde detallaba su situación, aunque nunca le hizo caso. Fue su esposa, Lorena Valle, presidenta del DIF, quien finalmente la recibió, aunque su respuesta no fue la esperada.
“Me recibió una semana después del 8 de marzo porque me fui a protestar ante el gobernador a Palacio. Y me dijo que nadie estaba por encima de Bernardina Lara –la secretaria del Sindicato de burócratas-; que nada más habían sido unos tocamientos, que le diera vuelta a la página”, comentó.
Fue hasta el 16 de mayo, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación de su caso. Fecha en la que finalmente decidió radicalizar su queja y se encadenó en la antesala del Oficial Mayor.
Hoy vece el plazo establecido por dicha comisión para que María de Jesús sea reinstalada en su antiguo puesto de trabajo. Sin embargo, ya le advirtieron que el gobernador no la va a regresar a su puesto.
“Estoy aquí por la ausencia de justicia. He seguido todo el camino, he denunciado en lo penal, he acudido a las instituciones porque quiero hacer las cosas bien y no puedo. Todo lo tengo documentado y tan así que hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos al gobierno para reinstalarme, que no quiere cumplir”.
“A mí nada más falta que me metan a la cárcel. A una le dicen que denuncie, las instituciones nos empoderan y después nos dejan solas”, criticó.
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