Los recursos desviados ascienden a 2 mil 388 millones de pesos
El gobierno del estado prevé que en las próximas semanas se puedan presentar otras 14 denuncias
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó siete denuncias penales por desvío de recursos en contra de excolaboradores del exgobernador Roberto Borge Angulo, dio a conocer el Secretario de Gobierno, Francisco López Mena.
El total de recursos desviados asciende a 2 mil 388 millones de pesos, del cual se responsabiliza a los titulares de áreas como el exsecretario de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo, Fernando Escamilla Carrillo; Javier Federico Meza; Andrés Zarur; Eliezer Villanueva, de la Secretaría de Finanzas; Paulina García Chang, exsecretaria de Desarrollo Urbano; además de Mauricio Rodríguez Marrufo y Juan Pablo Guillermo. Aunque aseguraron que en las próximas semanas podrían presentarse otras 14 denuncias adicionales, mismas que se sumarán a la establecida por la venta de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial.
Además de desvío de recursos, los exfuncionarios están acusados de los delitos de desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Las transacciones se dieron por varios conceptos, como la renta de maquinaria en 2013, que llega a los 430 millones de pesos, lo cual se repitió pero con un monto de 348 millones, misma que fue calificada de “confusa”, ya que no existe documentación ni evidencia de los servicios prestados.
Otras de las denuncias son por desempeño irregular de la función pública y abuso, por 41 millones de pesos, otra, por usurpación de funciones, por 8.5 millones de pesos, ya que funcionarios seguían ejerciendo su cargo a pesar de haber renunciado, otras más son por desvío de recursos, ya que el titular del agua potable desvió 5.7 millones tan solo en un año, y al siguiente, transfirió mil 055 millones de pesos.
Apenas el pasado viernes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acordó suspender al exgobernador sus derechos como militante, decisión que es un paso previo a la expulsión del partido, mismo que cuenta con una denuncia ante la PGR por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de reserva estatal a sus familiares y colaboradores.
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