Uno de los fenómenos que incrementó luego de la implementación de la llamada guerra contra el narco, y el subsecuente aumento en los índices de violencia, es el desplazamiento forzado interno. A lo largo de 9 años esta situación que afecta a miles de mexicanos se sigue presentando, sin que a la fecha exista una estrategia real para detener el fenómeno.
De acuerdo con datos recabados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), desde 2011 y hasta febrero de 2015, 281 mil 418 personas han sido desplazadas de manera forzada por la violencia presente en diversos estados de la república.
Según se detalla, de esta cifra, 89 mil 859 corresponden a 141 casos de desplazamientos masivos, en donde de manera simultánea 10 o más familias huyen de sus comunidades.
Esta cifra es calificada como alarmante por la organización y señala que hoy en día no existe política pública o programa, que permita dimensionar de manera adecuada la problemática para atenderla de manera integral. Asimismo, asegura que el país tampoco cuenta con una infraestructura que permita brindar atención a las víctimas de esta clase de fenómenos.
De acuerdo con la CMDPDH, esta falta de acción gubernamental deja en indefensión a los miles de desplazados, por lo que, asegura, es necesario reconocer la problemática para crear las medidas necesarias para su atención.
A nivel internacional México ha sido catalogado como uno de los países con el mayor índice de desplazamiento interior forzado en la región de América Latina, esto de acuerdo con datos del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos, IDCM por sus siglas en inglés.
Según la organización, México se ubica, junto con El Salvador, Honduras y Guatemala, con la mayor tasa de desplazamiento de la región. Los datos otorgados por la IDCM coinciden con lo dicho por la CMDPDH, pues asegura que la cifra de desplazados en México asciende a 281 mil 400, de los cuales 9 mil se registraron el año pasado.
Ante tal nivel de la problemática, en días recientes la CMDPDH refirió la necesidad de presencia internacional, por lo que exhortó a Enrique Peña Nieto acepte la visita del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al país en aras de “auxiliar” en este problema.
La CMDPDH detalló que a través de una carta enviada este miércoles al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expuso la problemática que atraviesa México en cuanto al desplazamiento forzado interno. En la misiva, el organismo de protección a los derechos humanos presentó la cifras detectadas y expuso la indiferencia del gobierno ante tal hecho.
De manera particular demandan que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha ignorado el tema desde que inició su administración, a pesar de que miles de personas se encuentran afectadas.
“Hemos podido constatar que los gobiernos locales no tienen ni la capacidad ni la voluntad para garantizar y proteger los derechos de este sector de la población y no existen registros o programas enfocados a su reconocimiento o atención”, explican en el documento.
Del mismo modo, exhortan al estado mexicano a reconocer que gracias a las dimensiones que ha alcanzado el desplazamiento forzado, se está convirtiendo en un problema de crisis humanitaria, misma que ha tomado niveles superiores por la estrategia de seguridad implementada desde el gobierno de Calderón, así como por la impunidad.
“(El fenómeno) Requiere con urgencia de una cuantificación objetiva para dimensionarla, así como de leyes y políticas de alcance nacional que protejan a las personas que se han visto obligadas a dejar su lugar de origen por motivo de la violencia generalizada, desencadenada por la guerra contra las droga
De acuerdo con las cifras del CMDPDH, la entidad con el mayor desplazamiento entre 2011 y 2015, es Guerrero con 59 mil 097 casos; le sigue Oaxaca y Michoacán con más de 39 mil cada uno. La lista la continúa Sinaloa con 33 mil 770, así como Chiapas y Tamaulipas con más de 28 mil 140, respectivamente.
La Comisión manifiesta que si bien el fenómeno afecta a la sociedad en general, los sectores vulnerables como adultos mayores, mujeres, niños e indígenas, lo sufren de manera más intensa. Además insiste en que es necesario implementar políticas nacionales que protejan a las personas que se han tenido que salir de sus comunidades por la violencia, e incluso hace mención que el desplazamiento forzado se tipifique como delito federal.
“Reiteramos el llamado al Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, el doctor Chakola Beyani para que haga una visita a México y conocer la alarmante situación que atraviesan las personas que son forzadas a desplazarse internamente en el país”.
Cabe mencionar que a principios de junio se presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa con la cual se busca reconocer la obligación del Estado para garantizar la seguridad y derechos de las personas desplazadas en el país.
Con información de Revolución 3.0
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