Acusan que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no cumplió las disposiciones legales
La Auditoría detectó contratos de adjudicación directa, pagos indebidos al personal e improcedentes en ajustes de costos, supervisiones sin realizar e incongruencias entre costos y trabajos ejecutados
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió que se comprobara el destino de más de 338 millones de pesos que serían destinados a la remodelación del hangar presidencial y el inicio de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
De acuerdo con los resultados de las auditorías a la Cuenta Pública de 2015, detectaron que en la construcción de las obras hubo contratos de adjudicación directa, pagos indebidos al personal e improcedentes en ajustes de costos, supervisiones sin realizar e incongruencias entre costos y trabajos ejecutados.
Por la ampliación del hangar presidencial, la Auditoría determinó que hay posibles daños al erario por 139.3 millones de pesos.
Además, se llevó a cabo un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional para terminar con los trabajos pendientes, a pesar de que éstos no se habían entregado a la dependencia y seguían bajo resguardo de la empresa contratista.
También, por la construcción de la nueva terminal aérea, calcularon un posible daño de 143.5 millones de pesos y, además, pidió aclarar otros 85.3 millones destinados a pagos de nómina, sumados a otros 1.4 millones de pesos para el contrato de servicios ambientales.
“En términos generales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, acusó la ASF.
Señalaron que los contratos de obra pública y servicios fueron adjudicados directamente a empresas con proyectos caros y mal integrados, lo cual generó un sobrecosto de 141 millones de pesos.
Sumado a esto, por ajuste de costos se dio un pago improcedente por 41.7 millones de pesos y detectó la incorrecta integración de precios unitarios, al existir duplicidades (2 por ciento de materiales y 5 por ciento de equipo), por 49.1 millones de pesos.
A estos gastos mal transparentados, se le suma el pago de servicios no ejecutados por un monto de 39 millones, pagos improcedentes de estudios e investigaciones en los costos indirectos por 8.8 millones de pesos, entre otros.
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