Si el ciudadano reincide, la sanción se extendería más tiempo
La iniciativa propone que la credencial de elector deje de funcionar como identificación oficial a quienes se abstengan de votar
El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave, propuso una Reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, “a fin de combatir la falta de legitimidad, la compra y coacción del voto”.
“Lo anterior, a través de la obligatoriedad del sufragio e incluso, sanciones a quienes no acudan a las urnas”.
La iniciativa de Basave gira en torno a la penalización del abstencionismo con la suspensión por un año de la vigencia de la credencial de elector, para que no pueda ser usada como identificación oficial. Si el ciudadano reincide, la sanción se extendería por otro año, según información de MVS retomada por Revolución Tres Punto Cero.
La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria, detalla: “el abstencionismo se ha incrementado de 1991 a la fecha, es decir, a partir de los primeros comicios no organizados por el Ejecutivo Federal”.
Ejemplicó con el caso de 1991, cuando el porcentaje de participación ciudadana en las elecciones fue de 56.9 por ciento, mientras en 2015 esa cifra disminuyó a 47.7 por ciento.
“Si bien la diferencia en el porcentaje no es tan amplia, pues ronda en el 10 por ciento, el problema radica en que el padrón electoral entre uno y otro año, creció 43%”, destacó.
“Debido a la falta de consecuencias jurídicas, la observancia de la ley queda al árbitro del electorado, tal circunstancia se traduce en los bajos niveles de votación que en la actualidad se presentan en los procesos electorales de México”, añadió.
Aseveró que la baja participación en las elecciones orilla a castigar a quienes incumplan con la “obligación” de votar y por ello, la consecuencia jurídica ideal debería ser la pérdida de vigencia de la credencial de elector, consideró el legislador.
“Con la presente propuesta busco aumentar los niveles de participación ciudadana”, dijo el perredista y afirmó que “la norma debe contemplar excepciones en las que el ciudadano se vea imposibilitado de votar”.
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