Diputados alistan iniciativa para cancelar bonos y compensaciones a altos funcionarios

Diciembre 7, 2018 10:39 am

Será el próximo martes 11 de diciembre, cuando se pretende discutir el dictamen

El documento va de la mano con la Ley de Austeridad Republicana y cuenta con 39 artículos así como con cuatro transitorios

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados ya alistó la propuesta de ley con la se busca cancelar bonos y compensaciones extraordinarias a todos los funcionarios públicos, legisladores, integrantes del Poder Judicial y empleados de los órganos autónomos.

Será el próximo martes 11 de diciembre, cuando se pretende discutir el dictamen que derivó de las iniciativas que presentaron diputados de Morena.

La propuesta contempla prohibir la contratación de seguros de gastos médicos mayores, de vida o pensiones que no otorguen las leyes de seguridad social, así como los seguros de ahorro para el trabajador, de separación individualizado o cajas de ahorro especiales.

Asimismo, se cancela la remodelación de oficinas por cuestiones estéticas, la compra de mobiliario de lujoso para equipar estas, y la adquisición de vehículos de lujo en los que su valor supere las cuatro mil 343 unidades de medida.

El dictamen, retomado por El Universal, va de la mano con la Ley de Austeridad Republicana y cuenta con 39 artículos así como con cuatro transitorios.

Ahí se establece el fin de las pensiones a los expresidentes de la República, a sus escoltas y prohíbe contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva que sean distintos a los que establecen las leyes de seguridad social.

Por ningún motivo se autorizarán pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal, a los miembros del Congreso de la Unión, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados electorales, diversas a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez”, señala el segundo párrafo del artículo 27.

La parte correspondiente del combate a la corrupción en este dictamen indica que el gobierno federal pretende que los contratos otorgados a empresas nacionales o extranjeras en los que haya habido tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública se anularán de conformidad con el marco normativo.

“Los órganos encargados del control interno o de la fiscalización en cada ente público, iniciarán los procesos para sancionar a los responsables y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con el marco normativo. El incumplimiento o la elusión de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento constituirán falta administrativa grave y se sancionarán en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

Cabe destacar que aún falta que esta ley sea aprobada en comisiones y luego por el pleno de la Cámara de Diputados.

 

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