Alegan que transparentar su sueldo afectarían sus garantías fundamentales
Los diputados del Congreso de Guerrero se niegan a revelar a cuánto ascienden sus salarios y prestaciones mensuales, como lo ordenó el el Instituto de Transparencia estatal, por lo que han solicitado un amparo ante la justicia federal para no hacer esta información pública.
El apoderado legal externo del Poder Legislativo, Ciro Rubio Alvarado, dijo en su alegato presentado a principios de este mes ante el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en la capital del estado, que esta decisión “traería efectos perniciosos en las garantías fundamentales” de los diputados.
Además, el abogado del Congreso considera que la decisión del Instituto de Transparencia estatal es “inconstitucional e ilegal”, según documentos obtenidos por la revista Proceso.
Con esta decisión, los diputados de Guerrero están incumpliendo su responsabilidad marcada en la Ley 207 de Transparencia en Guerrero, la cual fue aprobada por ellos mismos el año pasado.
Esta legislación indica que los datos sobre sueldos y percepciones de servidores públicos en la entidad se considera información pública de oficio.
Este caso se remonta a julio del año pasado, cuando un ciudadano solicitó al Congreso estatal la información sobre la remuneración bruta y neta de todos los diputados locales y su personal de confianza, incluyendo todas las prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos y sistemas de compensación.
Sin embargo, esta información no le fue otorgada por el órgano legislativo y el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia.
Fue hasta el 20 de diciembre que el pleno del Instituto de Transparencia ordenó a la presidenta del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, entregar la información completa sobre sueldos y prestaciones de los diputados locales, de lo contrario se aplicarían multas y sanciones administrativas correspondientes.
En respuesta, la legisladora decidió contratar un abogado externo, a pesar de que existe un área jurídica en el Congreso local, para interponer un amparo y no revelar esa información.
En caso de no brindar esa información se contempla una multa, la cual oscila entre los 11 mil y 100 mil pesos.
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