Se trata del director general de Obras y Desarrollo Urbano
En 2011 este mismo funcionario fue acusado de haber aumentado su riqueza ilícitamente
El director general de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez, había sido inhabilitado en 2011 por el delito de enriquecimiento ilícito, durante la administración delegacional del panista Mario Alberto Palacios Acosta.
Pese a ello, este mismo funcionario fue quien aseguró que sí era habitable el Residencial San José, uno de los varios edificios de menos de un año de antigüedad que se colapsó en la demarcación después del terremoto del 19 de septiembre.
Debido a esto, la constructora del residencial de Emiliano Zapata Eje 7 sur 56, Canada Building Group, está siendo acusada por el gobierno delegacional del también panista Christian Von Roehrich,y no únicamente de engaño y falsificación de documentos, sino también por el uso de “materiales deficientes” durante su construcción, sumado al homicidio de dos personas, quienes fallecieron luego de que una de las torres del complejo habitacional colapsara.
Gracias a documentos oficiales obtenidos por El Financiero, se descubrió que Aridjis Vázquez fue responsable de dar el visto bueno a la constructora. Con ello, este funcionario ha ocupado uno de los cargos más importantes de la delegación de manera intermitente desde 2009, por lo que autorizó la construcción del edificio al considerar que sí cumplía con todas las disposiciones legales, tal como se publicó en el oficio “Autorización Uso y Ocupación” FBJ 0273-16, fechado el 20 de mayo de 2016 en poder de este diario.
El edificio “da cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones que se establecen en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal”, dice el oficio, en cuyo calce figura el nombre y la firma de Aridjis Vázquez.
Sin embargo, no es la primera vez que Aridjis Vázquez está en medio de una polémica, ya que en 2011, cuando tenía el mismo cargo que en el gobierno de Alberto Palacios fue inhabilitado durante dos años por la Contraloría General del entonces gobierno del Distrito Federal por falsear información en su declaración patrimonial.
De acuerdo con el expediente CG DSP 474/308/2009, la contraloría general halló que este funcionario tenía “una riqueza notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera obtener como servidor público”. Entre otras propiedades que no reportó, se encontraban el crédito de una casa y la compra de dos vehículos.
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