Por muchas razones, diría que la Ley de Seguridad Interior no está en mis preocupaciones en este momento. Por un lado, no es una Ley que no se pueda revertir en el corto o en el mediano plazo; queda acudir a la Suprema Corte; queda todavía presión internacional no sólo de los comisionados, sino de instituciones y países poderosos. Queda que la próxima Legislatura revierta la mayoría del PRI y retome el mandato y lo transforme. Quedan caminos a la sociedad civil. Queda lo que hará la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Queda que se publique una sola foto de militares controlando una protesta social para que México sufra una presión que realmente no ha visto.
¿Para qué quiere el Gobierno a los militares en la calle en estos momentos?, ¿para controlar qué? Tiene en su poder a una prensa adicta al dinero público, que es capaz de actuar como eso, como adicta frente a la amenaza de que se le corte un flujo que alcanzará los 60 mil millones de pesos en este sexenio. El Gobierno no necesita en estos momentos un Ejército armado para intimidar a sus opositores. Sí, la Ley manda un mensaje durísimo y es un riesgo (subrayo un riesgo). Pero lo que pasa con la prensa ya, ahora, es peor: es un ejército que ya está en la calle y que actúa a favor de un régimen corrupto y corruptor. El Gobierno federal y los gobiernos de los estados le van a cobrar hasta el último centavo a esa prensa a la que le ha dado todo durante cinco años consecutivos. Le hará saber que no fue gratis tanta bondad. Le exigirá que José Antonio Meade esté permanentemente en las portadas y en los noticieros principales de radio y televisión, por poner un ejemplo.
Insisto en que no minimizo el riesgo de la Ley de Seguridad Interior, que es mayúsculo y termina con una separación histórica entre el Ejército y la vida civil. Pero me parece que estamos frente a riesgos de corto plazo que ponen en juego nuestra “democracia”. Las autoridades electorales, por ejemplo. A pesar de que declaramos el inicio de la normalidad democrática en 2000, todas y cada una de las fuerzas políticas del país siguen alegando fraude. El PAN, por ejemplo, acaba de enfrentarse al aparato de Estado en Coahuila y marchó contra la imposición. Lo mismo Morena, en el Estado de México. El IFE está muy lejos de ser una autoridad que contenga la fuerza corruptora del PRI y sus aliados. El Tribunal Electoral es un cuerpo vetusto y siempre en duda, y si el Gobierno federal vuelve a mover todos los hilos de la chapuza para no soltar el poder, allá por 2019, cuando el fraude esté consumado, el Tribunal dirá que “hubo irregularidades”. Eso me preocupa más, de verdad, que la posibilidad de que el Ejército salga a las calles. Para que salga, se necesita que el INE y el Trife no hagan su trabajo, antes. Y si no hacen su trabajo, el sistema democrático mexicano estará derrotado, vencido 18 años después de que, se suponía, el PRI había sido dominado.
Me preocupa que el crimen organizado intimide a los votantes, sobre todo en zonas rurales (aunque en Edomex operó hasta en zonas urbanas: recuerden las cabezas de cerdo). Me preocupa que inyecte dinero e imponga candidatos, como ha sucedido en los últimos años. Me preocupa que el fenómeno de la violencia, que el Gobierno tiene bien diagnosticado, intimide a los ciudadanos y se dé una abstención que sólo beneficia a un partido: el PRI. Me preocupa el dinero sucio en las campañas, que el partido en el Gobierno sabe de dónde sacar y cómo distribuir. Me preocupa el uso de programas sociales, las operaciones Monex, la promoción ilegal de los candidatos oficiales. Me preocupa que, como en Edomex y Coahuila, se esté preparando una elección de Estado con acarreo y compra de votos.
La Ley de Seguridad Interior debe tenernos muy preocupados a todos, así como la Ley Mordaza y otras tantas chapucerías –como liberar a Elba Esther Gordillo para comerse al Panal y para apuntalar a Meade– que el PRI, que es astuto y marrullero, echó a andar justo a finales de este diciembre mientras todos nos distraemos con posadas y desveladas. Pero, como sociedad, deberíamos multiplicar el esfuerzo en los siguientes meses para evitar que se imponga a un individuo que no queremos los ciudadanos. Al final, hay una Ley de Seguridad Interior porque el PRI se impuso con trampa en 2006; lidiamos con esa Ley hoy porque no pudimos contener al partidazo y a su candidato de plástico.
Y me preocupa esto: que el fraude sea tan escandaloso que, ahora sí, en un arrojo desesperado se utilice la Ley de Seguridad Interior para justificar que el Ejército mexicano deje su puesto histórico y se meta a “controlar” el descontento social.
Es terrible la Ley de Seguridad Interior. Pero antes de que aplique; antes de que llegue el Ejército en las calles, debemos empujar a todas horas y con toda nuestra voluntad para que se respete el mandato popular no sólo el día de las votaciones, sino desde ahora; que no se manipule a la gente con el ejército de medios que ya está en las calles; que no se compre una elección en efectivo con la alcancía de las megaobras y de las grandes constructoras.
El Gobierno federal hará todo lo que esté a su alcance para, otra vez, imponer a uno de los suyos en el poder. Eso, esperémoslo. Se trata de una élite que desde hace décadas vive pocamadre gracias a que sabe cómo imponerse y controlar el descontento que provoca la imposición.
El ejército de civiles que manipula elecciones ya está en la calle, operando. Ése es el que más debería preocuparnos ahora mismo. Ése es el que debemos contener, como sociedad civil, como ciudadanos, a la voz de ya. Si contenemos al ejército de civiles que planea cometer otro fraude, habrá paz social. Entonces no debería preocuparnos el otro, el armado, si contenemos al civil. Así, el armado se mantendrá en el rol que le ha asignado la Historia.
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