Así como la ampliación del reconocimiento del derecho a la identidad, todas ellas aprobadas por unanimidad por los legisladores de Yucatán
El Congreso local de Yucatán aprobó ayer viernes la eliminación del fuero a todos los servidores públicos, la disminución de recursos a partidos políticos, la ampliación del derecho a la identidad y la supresión de la ley de pensiones a exgobernadores.
Con el primer dictamen se eliminó el fuero al gobernador, diputados locales, presidentes municipales; así como titulares de la gestión pública estatal y de los organismos autónomos.
La medida aplicará para los magistrados y los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pero sólo a manos de la comisión de delitos contra la administración de justicia y otros ramos del poder público, sobre todo en resoluciones y sentencias, incluidas en el Código Penal del Estado.
“La justicia imparcial no debe existir como una simple expresión, hay que dotar de los elementos a quienes en este país y estado se encargan de la impartición de justicia, por eso, para garantizar esta imparcialidad, era necesario mantener el fuero a los magistrados para que en libertad de conciencia puedan resolver sin temor de ser influenciados”, aseguró el diputado priísta Henry Sosa Marrufo.
Por su parte, el perredista David Barrera Zavala planteó: “votar a favor es dar el primer paso a lo que la sociedad nos reclama: acabar con esa impunidad que reina en nuestro Estado. Debemos estar al pendiente que no exista este privilegio y nuestras autoridades actúen conforme a la ley”.
Sin embargo, para que esta Reforma entre en vigor, todavía debe ser sometida a la aprobación de los cabildos.
En ese dictamen también se realizaron cambios a la Constitución estatal para ponerla a la par con la federal y así las personas nacidas en Yucatán se registren de inmediato con una copia gratuita del acta correspondiente.
En el segundo dictamen se estableció el complemento a la mencionada Reforma con modificaciones a la Ley de Registro Civil y la Ley de Hacienda, en donde se establecerá que los certificados de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción no caducarán y no se podrán exigir documentos con un periodo de tiempo específico para realizar trámites en instancias educativas, de salud y en general del gobierno.
Así mismo, dispone que en el mes de enero las actas de nacimiento tendrán una reducción del 50% en su precio; de igual forma el gobernador tendrá la facultad de reducir los costos de actas de nacimiento a través de programas sociales por si algún sector necesita de un apoyo.
“Su implementación a través del registro de nacimiento trae consecuencias y beneficios directos a cada ciudadano, como el acceso a la salud, la educación y el trabajo; en su aspecto social asegura que niñas y niños puedan tener participación ciudadana, ejercer sus derechos civiles y económicos, entre otros”, detalló el priísta Daniel Granja Peniche.
Para el tercer dictamen, se reformó la Constitución de la entidad en cuanto al financiamiento a los partidos políticos para quitarles hasta en un 50% sus recursos en los meses y años que no sean electorales, el presupuesto proveniente de este recorte se destinará al Patronato del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede).
Por último, se determinó abrogar la Ley de Pensiones a Gobernadores, con esto se eliminará el derecho a una pensión vitalicia a los ex mandatarios del Ejecutivo estatal.
La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y se aplicará a los futuros mandatarios, por lo que no afectará a los que ya adquirieron el derecho.
Fuente: Proceso
Sé parte de la conversación