Uno de los castigos más grandes será la disolución de las empresas
“A la empresa se le podría acusar de corrupción bajo el nuevo Código Penal, porque se puede demostrar que actuó como tal y no sólo el ejecutivo”, señalaron en Transparencia Mexicana
Sumado a los gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos, ahora las empresas podrán ser castigadas si cometen actos de corrupción, esto, a partir del 19 de julio.
Este tipo de medidas comenzarán con la implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual es conocida como Ley 3de3, en donde las empresas que incurran en sobornos, tráfico de influencias y el uso indebido de recursos, podrán recibir castigos administrativos y penales, los cuales van desde una multa hasta la disolución de la sociedad.
También se sancionarán las prácticas irregulares que incluyan operaciones empresariales con dinero público o privado, entre ellas pagos ilegales a funcionarios o fraudes.
Algunos de los casos más emblemáticos como el de la empresa Odebrecht, en donde se demostró, en Estados Unidos, que una de las estrategias que utilizaba para mejorar la posición de la empresa eran actos de corrupción.
Con esta nueva ley se busca perseguir este tipo de casos y exhibir la conducta de la empresa y no únicamente a las personas involucradas en actos ilegales, aseguró Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.
“A la empresa se le podría acusar de corrupción bajo el nuevo Código Penal, porque se puede demostrar que actuó como tal y no sólo el ejecutivo. Es decir, que se pueda establecer que no fue sólo un ejecutivo de la empresa que obtuvo el beneficio indebido a partir de un soborno o cohecho, sino que la empresa tuvo una política para obtener esos beneficios indebidos”, informó.
Otro de los castigos que recibirán será la extinción de dominio, lo cual quiere decir que el gobierno podrá decomisar bienes como propiedades o dinero en efectivo con los que se hizo la empresa a partir de malas prácticas.
Dichos casos podrán seguirse de oficio, como por ejemplo, cuando la Auditoría Superior de la Federación detecte una mala práctica, o, a través de una denuncia.
Al momento de que se logre identificar un posible delito, si este está dentro de la Ley de Responsabilidades, sería la Secretaría de la Función Pública la que investigue, pero si entra en la dimensión penal, participaría la PGR.
Para Juan Pablo Castañón, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, después de la aprobación de la Ley 3de3 se comenzará a reforzar el Código de Integridad y Ética Empresarial que se dio a conocer entre sus agremiados.
Por su parte, para Marco Fernández, profesor del TEC de Monterrey e investigador de la organización México Evalúa, lo difícil será que se demuestre que las empresas aplican un código anticorrupción, lo cual puede beneficiar a las más grandes.
“El poner como atenuante que tengan un código de ética solo lo pueden hacer las empresas grandes, las pequeñas o incluso algunas medianas no podrán beneficiarse de las atenuantes a las sanciones en caso de haber cometido un acto de corrupción”, dijo.
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