En Jalisco, 46 empresas y personas acusadas por el Departamento del Tesoro de “lavar dinero” para el Cártel de Sinaloa, mantienen activo el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en cuatro casos, las concesiones y permisos que otorgan las autoridades mexicanas para su operación.
El RFC es la llave que permite a cualquier empresa o persona física mantener una serie de beneficios ante el SAT y las instituciones financieras mexicanas. Desde solicitar facturas por concepto de gastos o compra de bienes; recuperar impuestos; tener acceso a financiamientos públicos o privados, además de ser uno de los requisitos obligatorios para abrir una cuenta bancaria o acceder a una línea de crédito.
Una búsqueda al portal del SAT, arrojó que de 62 empresas vinculadas por el Tesoro al Cártel de Sinaloa en Jalisco, 24 mantiene su RFC activo, ocho más lo dieron de baja y en 30 casos se desconoce, por lo que resulta imposible determinar si éstos continúan operando. En tanto de las 24 personas físicas señaladas, 20 mantienen su RFC activo y en cuatro casos ha sido invalidado.
Entre los grupos ubicados por el Tesoro de “lavar” los activos del Cártel de Sinaloa, se encuentran dos de las estructuras vinculadas a Rafael Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Guadalajara y que actualmente es un bastión de la organización sinaloense.
“Con un RFC activo puedes realizar operaciones reales, ficticias o ambas y con ello, ayudar a lavar dinero proveniente de actividades ilícitas… Y para el fisco se trata de contribuyentes cumplidos”, aseguró Juan Manuel González Navarro, Contador Público (C.P) e integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México.
Con Información de Animal Político
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