El político priista niega que él sea la persona vinculada a la investigación
Oscar Javier Lara Aréchiga, exdiputado de Sinaloa por el PRI y exsecretario de Administración y Finanzas estatal, fue vinculado a una investigación en España por presunto lavado de dinero para el cártel de Sinaloa.
El diario español El País reveló que el nombre del político sinaloense figuraba en una cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra (BPA) con un saldo de 6 millones de dólares, la cual es investigada por el Comité de Prevención de Blanqueo de capitales de dicha entidad.
El caso es llevado por la jueza Canolic Mingorance Cairat, quien mandó una petición de ayuda judicial al gobierno de México para investigar la posible relación entre el exdiputado, el cártel de Sinaloa, el BPA e investigar un posible lavado de dinero.
De acuerdo con una de las actas a las que tuvo acceso El País, se expone textualmente “que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista”.
Mientras que la petición de ayuda judicial indica que “la cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México”.
La jueza reclama la identificación “plena” de esta persona y que se aporten certificados penales y policiales de la misma. El auto no indica, tampoco, el nombre del hermano del político.
Esta información, dice el diario español, coincide con los datos de Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, quien se desempeñó como diputado durante ese periodo.
El País contactó a Lara Aréchiga para conocer su versión sobre esta investigación, pero él afirma que no es esa persona de la que se habla en el acta.
La Banca Privada de Andorra tuvo una fuerte operación en México e incluso adquirió un edificio para para establecer su sede social. Sin embargo, dice la jueza, “abruptamente decide desmontar toda la estructura y abandonar el país. Según declaraciones de Isabel Camino Sarmiento, en aquel momento responsable de compliance (departamento que vigila el cumplimiento normativo interno y externo del banco), tuvieron algún tipo de problema y el OFAC (Office of Foreing Assets Control, organismo dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU.) requirió la declaración de sus directivos a la Embajada de Estados Unidos en México, sin poder precisar el origen del problema”.
La magistrada explica que fue a la vista de estos hechos cuando en el curso de la investigación judicial se procedió a analizar las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales donde se encontró la pista del político del PRI. Mingorance destaca que en marzo de 2015, fecha en la que estalló el escándalo del BPA, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), dependiente del Departamento del Tesoro de los EE. UU. hizo pública una nota sobre esta entidad bancaria en la que situaba a este banco como centro de una gran trama de blanqueo de capitales ligados al cártel mexicano de Sinaloa, las mafias rusa y china en España y a la empresa Petróleos de Venezuela. Tras la intervención del banco, se destituyó al consejo de administración.
Lee la investigación completa en El País
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