A través de la plataforma Change.org, ciudadanos y académicos recabaron firmas para pedirle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al Senado que en los próximos nombramientos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) no se incluya a militantes de partidos políticos ni a “cuates”.
La petición exige que sean perfiles profesionales, con alto conocimiento en la materia, que aporten legitimidad institucional y que juzguen los problemas que se les plantean de forma imparcial.
Los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza dejan la SCJN en medio de exigencias de la sociedad civil para que, quien ocupe su lugar en el Máximo Tribunal del país, no tengan conflictos de interés.
Esta exigencia social se da después de la designación de un ministro que generó inconformidad en la sociedad civil: la del exprocurador general de la República, Eduardo Medina Mora, el pasado mes de marzo.
“Eduardo Medina Mora se ha mostrado parcial en sus actuaciones, partidista en funciones e incompetente como abogado”, se indicó en una petición al Senado en Change.org antes de que fuera nombrado el también exembajador en Estados Unidos.
Medina Mora rechazó entonces las acusaciones de la petición, organizada por el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous, y a pesar de los señalamientos de la sociedad civil, fue nombrado ministro.
Catalina Pérez Correa, académica del CIDE, aseguró en entrevista que antes que el presidente presente sus propuestas, se decidió impulsar la petición Una Suprema Corte #SinCuotasNiCuates, que hasta este viernes ya tenía más de 36,000 firmas, y en la que se reitera que el nombramiento de Medina Mora dejó mucho que desear, ya que ni Peña Nieto ni el Senado se mostraron dispuestos a realizar un procedimiento de auscultación y nombramiento público y razonado.
En esta carta, firmada por ciudadanos como Denisse Dresser, María Amparo Casar, Jorge Castañeda, Carlos Heredia, Genaro Lozano, Alejandro Madrazo Lajous, entre otros, se pide un procedimiento transparente en el que se hagan públicas las razones a favor y en contra de los candidatos.
“En el proceso se deben realizar preguntas abundantes y precisas a los y las candidatas sobre su visión acerca de la función de la Suprema Corte en la vida democrática del país, el alcance de los derechos fundamentales (como el derecho a la no discriminación, al acceso a la justicia y el debido proceso), sobre la relevancia del sistema de pesos y contrapesos, entre otras”, indica la misiva.
Pérez Correa aseguró que si se postula al senador con licencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Raúl Cervantes, como se ha señalado, se debilitaría la legitimidad de la Corte.
Y es que Cervantes, aseguró la académica, no cumple con los requisitos constitucionales, ya que tiene una relación laboral con el Senado, y goza del seguro de vida de los legisladores.
“Pareciera que lo que se está generando es una red clientelar familiar entre personas y no eligiendo a los más competentes”, dijo.
Con la salida de Sánchez Cordero sólo queda una ministra en la Corte, por lo que los ciudadanos piden paridad de género y lo ideal, aseguró Pérez Correa, es que sean designadas dos mujeres.
Esta carta digital, informó Pérez Correa, será entregada a la Presidencia de la República.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación también elaboró una carta en la que pide que las ternas enviadas al Senado estén integradas preferentemente por personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia.
“Lo que es fundamental en este momento histórico, para reconocer a todas aquellas personas que se han formado en esta actividad, desvinculados de cualquier influencia política que pueda afectar la imparcialidad e independencia con la que siempre se han conducido”, señala la asociación.
Fuente: CNN
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