Al menos 10 estados de la República compraron software espías
Señalan que la PGR solicitará conocer “qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención”
En estos días se ha dado a conocer en diversos medios que el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group fue adquirido, además de instituciones federales, por gobiernos de diferentes estados de la República.
Esto fue documentado en las columnas de Carlos Loret de Mola, en El Universal y Carlos Marín, en Milenio, quienes tuvieron que corregir la información publicada los días 3 y 4 de julio, tal como lo documenta la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Además, instancias como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, informaron que la PGR solicitará a los proveedores de software que vigilancia que “informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención”.
En la Red, señalaron que es pertinente considerar que la evidencia con la que se cuenta hasta el momento señala que Pegasus sólo fue adquirido por instancias federales, y no por los gobiernos estatales ni empresas privadas. Sin embargo, acusan que dicha confusión se podría deber a que otra empresa, la italiana Hacking Team, vendió equipo de vigilancia a por lo menos 12 gobiernos locales, según ha sido documentado desde 2015.
En el gráfico se observa a las autoridades federales y estatales, de las cuales existe evidencia de actividades comerciales para la adquisición de productos y servicios vinculados con las empresas NSO Group y Hacking Team en el país.
En la R3D aseguran que para ampliar la información respecto a esta vigilancia, es necesario revisar el capítulo “Malware de Estado”, publicado en el informe “El estado de la vigilancia: fuera de control“.
Ante ello, señalan que en ninguno de los dos casos de abusos cometidos con usos ilegales de herramientas de vigilancia de las dos empresas han sido debidamente castigados o siquiera investigados.
“Esta situación refuerza nuestra exigencia de una investigación independiente encabezada por expertos internacionales, así como la urgencia de transparentar los contratos y pagos relacionados con la adquisición de estas sofisticadas herramientas de vigilancia”, señalaron en R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, quienes señalaron que siempre están dispuestos a “ofrecer orientación a periodistas y medios, así como proporcionarles el apoyo necesario para asegurar la precisión de la información”.
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