“Se vulnera su derecho de acceso a la información de interés público”, han señalado los jueces
El tema podría ser analizado por la SCJN, instancia que decidiría si este tipo de bloqueos viola los derechos de los ciudadanos
En los últimos meses, jueces federales de todo el país han ordenado que servidores públicos desbloqueen de sus cuentas de Twitter a ciudadanos que estaban excluidos, bajo el argumento de violar el derecho de acceso a la información.
Según la determinación de los jueces, los funcionarios como alcaldes, secretarios, fiscales o consejeros del INE que tenga bloqueada a una persona en redes sociales ejercen una forma de discriminación pues les limitan el derecho de acceso a la información de carácter público.
“Se vulnera su derecho de acceso a la información de interés público, que documenta en la misma a través de las publicaciones que realiza, que reflejan las actividades llevadas a cabo en ejercicio del puesto público desempeñado”, coincidieron los jueces.
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Un caso se dio en octubre de 2017, cuando un juez federal ordenó a David Cuauhtémoc Galindo Delgado, alcalde de Nogales, Sonora, desbloquear de su cuenta de Twitter a un ciudadano, quien previamente interpuso un amparo.
En ese momento, Galindo Delgado interpeló que su perfil en dicha red social era de carácter personal y no era financiada por el ayuntamiento, sin embargo, la investigación correspondiente confirmó que el funcionario utilizaba la cuenta para destacar las tareas del gobierno municipal.
Otros casos que han llegado al Poder Judicial de la Federación son los de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), como Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, ambos demandados por John Ackerman, informó Excélsior.
También el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, bloqueó al periodista Luis G. Hernández, quien exigió el acceso a los tuits del legislador o de lo contrario procedería legalmente, con lo que logróo que lo desbloquearan.
El tema podría ser analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que se trata de un ámbito reciente relacionado con las nuevas tecnologías de la información, y sería esta instancia la que decidiría si el bloqueo a un ciudadano en redes sociales por parte de un servidor público viola sus derechos.
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