MÉXICO, D.F. (apro).- Siete meses después de la tortura y homicidio del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, la Procuraduría General de la República (PGR) citó e interrogó a su viuda para preguntarle si sabía algo de los 43 desaparecidos.
Así lo denunciaron en un comunicado los abogados del caso y amigos de la familia, quienes señalaron que Marissa Mendoza, la joven viuda del estudiante desollado la noche del 26 de septiembre, recibió un citatorio para que el pasado 11 de abril se presentara en la Unidad Especializada contra el Secuestro adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Pero en vez de informarle de los avances en las investigaciones, el citatorio se usó para interrogarla sobre la desaparición de los 43. La viuda se negó a contestar.
“(Después del interrogatorio) les insistimos que si ellos tenían información sobre lo que ocurrió con Julio era su obligación dársela a la familia y les cuestionamos de porqué, a siete meses de los hechos, es la primera vez que contactan a la familia. Respondieron que fue ‘por prudencia’, dando a entender que fue porque la familia se encontraría en periodo de duelo”, informó por escrito a Apro la abogada de la familia, Sayuri Herrera.
“Sin hacerle conocer los derechos que tiene a Marissa, continuaron insistiendo con sus preguntas, sin responderles finalmente les dimos las nuestras: ‘Díganos, ¿quienes desollaron y ejecutaron a Julio?, ¿díganos por qué lo asesinaron de tal modo?, muestren el expediente ¿qué datos tiene?, ¿cuál es la línea de investigación que sigue con respecto a lo que ocurrió con Julio?’. El fiscal entre bostezos anotaba las preguntas mientras veía la hora en su reloj”, dijo.
Al final, la familia Mondragón y la defensa advirtieron que solicitarían por escrito el acceso al expediente de la PGR y la cita para una próxima reunión para que respondan a sus preguntas. Los funcionarios respondieron que lo mostrarían “siempre y cuando esto no interfiera con la investigación”.
Los denunciantes señalan al fiscal José Manuel Rojas como la persona que se presentó la semana pasada en el domicilio de la viuda de Mondragón, se identificó como integrante de “la Unidad de Secuestro de la SEIDO” y la citó en PGR sin explicarle el motivo de la solicitud de la supuesta reunión.
La PGR se ha negado a atraer el caso de Mondragón y lo separó de la investigación de lo sucedido en Iguala la noche en la que los estudiantes fueron atacados, heridos y desaparecidos.
“Desde que ocurrieron los terribles hechos del 26 de septiembre se solicitó la intervención de la PGR. Sin embargo, el expediente del caso de Julio César continúa en Iguala, Guerrero, y solamente menciona el delito de homicidio calificado. No se investiga la tortura ni la ejecución extrajudicial en contra de Julio. Los funcionarios agregaron que el expediente por el ‘secuestro’ de los 43 normalistas lo conocen desde noviembre pasado”, se lee en el comunicado.
Según la acusación de los denunciantes, el actuar de la PGR en el caso de la tortura y homicidio de Julio César Mondragón ha sido “irregular, omiso y fragmentado”, por lo que pidieron que dejen de actuar de manera contraria a la recomendada ayer por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los expertos internacionales señalaron que la investigación está fragmentada en seis juzgados distintos y que la PGR no investiga el delito de tortura a Mondragón.
“La responsabilidad de investigar y esclarecer los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 es de la autoridad, no de las víctimas. Con el Estado como principal sospechoso de los crímenes cometidos en Iguala, las familias tienen desconfianza en las autoridades. Confiamos en el Grupo de Forenses Argentinos y en el grupo de expertos de la CIDH. Esperamos que su participación ayude en la búsqueda de justicia mucho más de lo que han hecho hasta ahora las instituciones mexicanas”, indicaron en el comunicado.
El policía municipal Luis Francisco Martínez, señalado como el presunto responsable del asesinato de Mondragón, se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente de la Ciudad de Villa Aldama, Veracruz. Según los abogados del caso, la SEIDO lo investiga por delincuencia organizada y en Iguala, en materia del fuero común, se le sigue otro proceso en el que se le vincula al homicidio de Mondragón.
“A la fecha la investigación concreta de la ejecución de Julio y el proceso judicial se sigue en Iguala, la PGR nunca dio consecución a la petición de la familia de que este delito también se investigará a nivel federal”, indicó la abogada.
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