Investigación exhibe red de funcionarios que lucraba con gasolina donada por Pemex

En los estados de Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas se desviaron 13.4 millones de litros de gasolina y diésel que habían sido donados a los respectivos gobiernos

Este martes se dio a conocer una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual revela la existencia de una red de funcionarios en los gobiernos de 22 estados del país, la cual utilizaba el combustible que les donaba Petróleos Mexicanos (Pemex) para comercializarlo ilegalmente.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el gobierno del Estado de México, entre otras instituciones, recibieron combustible en donación en el año 2015, mismo que fue a parar a al menos a al nueve gasolineras que lo comercializaron, detalla una nota de Expansión.

Cinco de las estaciones de servicio señaladas pertenecen al Grupo Hidrosina Plus, conformado por 24 empresas en las que participan como accionistas los hermanos William, Gabriel y Paul Karam Kaasab.

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Mientras que las otras cuatro gasolineras fueron identificadas como Grupo Tecpex, pertenecieron a Hidrosina antes de ser investigadas por Pemex en 2015 y hoy vuelven a formar parte de ese consorcio.

MCCI explica que Pemex otorga cada año donaciones de asfalto y combustible (gasolina y diésel) a gobiernos estatales y municipales, lo cual ocurre desde el año 2007. La prioridad de estas donaciones son los estados con presencia de la industria petrolera, y se otorgan a través de convenios de “licencias sociales”.

Fue en 2015 cuando la petrolera descubrió que algunas entidades a las que les daba una donación no justificaban el uso del combustible que habían recibido.

Algunos de los estados en donde se registraron irregularidades fueron Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un posible daño al erario.

Tan sólo en 2015, en esos tres estados se desviaron 13.4 millones de litros de gasolina y diésel que habían sido donados a los respectivos gobiernos, detalla la investigación.

Con su investigación, MCCI busca poner de manifiesto que el huachicoleo no es un acto delictivo exclusivo de entidades criminales o de personas en situaciones de pobreza, pues también ha implicado a funcionarios de distintos niveles de gobierno.

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