El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF) solicitó 67 procedimientos penales contra 12 funcionarios del exgobernador Guillermo Padrés Elías, por el presunto desvío de 760 millones de pesos y actos delictivos contra el patrimonio estatal.
Según la dirección de Asuntos Jurídicos del ISAF, por las características del delito estos podrían alcanzar la tipificación de peculado y otros actos antijurídicos catalogados de extrema corrupción e impunidad.
La recién creada Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción–a petición de los órganos fiscalizadores del ejecutivo y del Congreso del estado- confirmó que citará a todos los funcionarios en las próximas horas para que expliquen el uso y destino de 760 millones 533 mil 535 pesos que no se localizan en las arcas del Fondo Estatal de Modernización del Transporte cuando fueron directores generales.
Para ofrecer un resultado confiable, el recién nombrado fiscal anticorrupción, Odracir Ricardo Espinosa Valdez, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), deberá mostrar imparcialidad al someter a investigación a los presuntos responsables de los millonarios desfalcos, sin menoscabo de su origen partidista.
De inicio, Espinosa Valdez tendrá la encomienda de definir el destino de 12 mil 450 millones de pesos sobre ejercidos por el exgobernador Guillermo Padrés, según datos del informe de resultados a la revisión de la Cuenta Pública Estatal 2014, donde el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) detectó 3 mil 126 irregularidades, de las cuales mil 726 fueron solventadas, y restan por justificar mil 295.
Ese desorden financiero lo encabeza una “dependencia virtual” denominada Deuda Pública, que se sobregiró con 7 mil 588 pesos; le siguen la Secretaría de Educación, que superó en más de 2 mil 71 millones de pesos lo aprobado por el Congreso local; Salud, que también elevó en 714 millones lo estimado, y Seguridad Pública, con 537 millones.
La anarquía presupuestal también se observó en las secretarías de Economía, con 485 millones de pesos; de Gobierno, 260 millones; Hacienda, 161 millones, y Desarrollo Social, con 69 millones de pesos, así como la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), con 163 millones.
De acuerdo con ese informe de 2014, el gobierno sonorense obtuvo 60 mil 417 millones de pesos en ingresos, lo que representa un superávit de 13 mil 974 millones respecto de los 46 mil 442 millones que le fueron aprobados para su ejercicio el año anterior.
La lista de los exfuncionarios contra quienes solicitan acción penal está encabezada por dos exdirectores y colaboradores del exgobernador Padrés en el Fondo Estatal de Modernización del Transporte. Ellos son Víctor Armando Alcaraz Armenta y Darío Murillo Bolaños, quien le sucedería al cargo y también exalcalde de Caborca.
Alcaraz, primer director del Fondo, fue cesado del cargo tras ser señalado públicamente como responsable del desfalco, aunque no se le sometió a investigación.
Su sucesor, Darío Murillo –también señalado por corrupción durante su gestión municipal en Caborca- es presunto responsable de la falta de casi 121 millones de pesos.
Entre otros funcionarios acusados está el exsecretario de Sagarpa, Héctor Ortiz Ciscomani, quien presuntamente dejó un quebranto de 55 millones de pesos, según documentos del órgano de fiscalización interno.
Los recursos fueron retirados del presupuesto en los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014. Además, el director general de Planeación de esta dependencia también es requerido por el mismo delito en rol de copartícipe.
Ciscomani es acusado de peculado, ejercicio indebido de un deber y otros delitos de omisión y comisión contra el patrimonio del estado.
Además, la exdirectora del ISSSTESON y actual diputada federal plurinominal por el PAN, Teresa Lizárraga Figueroa, y cuatro de sus excolaboradores de las áreas de administración, finanzas, licitaciones y prestaciones económicas de dicho instituto también fueron señaladas por el ISAF por un quebranto financiero de 42 millones 185 mil 324 pesos.
El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso de Sonora inició a su vez un procedimiento administrativo contra el exdirector de Telemax en el anterior gobierno, Jorge Morales Borbón, quien también ostentaba el cargo de Secretario de Comunicación Social en la administración de Padrés.
Morales tramitó un crédito bancario con el banco Interacciones S.A. por 90 millones de pesos, de los cuales quedaron disponibles para retiro a finales de mayo solo 45 millones. Del resto, nada se sabe.
El ISAF destaca el millonario crédito que la administración de Telemax contrató en secreto y el cual fue avalado por Guillermo Padrés, sin consultar con los mandos gerenciales de la televisora ni autorizado por el Consejo de Administración de la misma.
Jorge Morales fungía como vicepresidente del Consejo de Administración de la sociedad anónima Telemax y como director general.
En el crédito de 90 millones de pesos solicitado por Morales Borbón en abril del 2015, se comprometió como garantía las participaciones estatales y los ingresos propios de la televisora hasta el año 2025, fecha de vencimiento del irregular financiamiento.
Fuente: Animal Político
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