No revelaron el monto de los presuntos sobornos ni de las dependencias de gobierno involucradas
WAC de México ofrece préstamos de hasta 200 mil pesos a trabajadores de la educación, del sector salud y de otras dependencias de gobierno
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) investiga a funcionarios mexicanos por presuntamente haber recibido pagos ilegales para beneficiar a una compañía extranjera que se especializa en otorgar préstamos vía nómina a empleados gubernamentales.
Según información difundida por Aristegui Noticias, fue la propia empresa involucrada, World Acceptance Corporation (WAC), la que notificó a la SEC y al Departamento de Justicia que inició una investigación interna con la intención de cooperar para determinar, y en su caso sancionar, los posibles pagos indebidos.
Dicha investigación tiene el propósito de conocer en qué medida los pagos realizados por WAC de México SA de CV entre 2010 y 2017 a funcionarios mexicanos pudieron haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), así como otras leyes locales, según un reporte del pasado mes de febrero.
Cabe destacar que no han revelado el monto de los presuntos sobornos ni de las dependencias de gobierno involucradas.
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WAC de México es una filial de una empresa estadounidense que tiene su base de operaciones en Carolina del Sur, y que cotiza desde hace 25 años en la Bolsa de Valores de Nueva York, y ofrece préstamos de hasta 200 mil pesos a trabajadores de la educación, del sector salud y de otras dependencias de gobierno.
Además, también ofrecía a los burócratas promociones para ganar comisiones a cambio de promover los créditos entre sus compañeros de trabajo, por lo que los empleados de gobierno se convirtieron en promotores de los créditos.
Desde 2010, los préstamos otorgados por WAC iniciaron a descontarse en el estado de Coahuila, cuando era gobernado por Rubén Moreira, y de ahí se extendieron a 35 ciudades del país, mediante convenios gubernamentales.
En el informe entregado a la SEC, la WAC en Estados Unidos señaló que los gastos legales y profesionales aumentaron en 2.5 millones de dólares al cierre de 2017, debido principalmente a gastos adicionales relacionados con la investigación sobre sus operaciones en México.
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