Un magistrado de Durango tiene a 17 familiares trabajando con él
Al menos 122 jueces y magistrados le consiguieron empleo a sus esposas o parejas, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 127 a sus papás
Cerca de 500 jueces y magistrados tienen a familiares trabajando en sus tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, dio a conocer un estudio hecho por el consejero de la Judicatura Felipe Borrego Estrada.
Al menos 122 jueces y magistrados le consiguieron empleo a sus esposas o parejas, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 127 a sus papás. Otros más le han dado trabajo a sus yernos, concuños, sobrinos, tíos y hasta a sus suegras.
Lo anterior se desprende del “Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal”, al que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Por ejemplo, un magistrado de Durango tiene a 17 familiares, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos, tales como actuarios, secretarios de tribunal y de juzgado, asesor jurídico y analista especializado.
Otros más, los de San Luis Potosí y Baja California, tienen a 11 parientes trabajando en el Poder Judicial. Mientras que en Puebla, un magistrado le dio empleo a ocho tíos y a su papá.
Este mismo estudio revela que casi la mitad de los jueces y magistrados federales cuenta con parientes dentro del Poder Judicial, ya que de mil 31 plazas revisadas, al menos 501 tienen familiares, lo cual representa el 48.6 por ciento.
Tan sólo en el circuito judicial de Guanajuato, de los 46 jueces, al menos 38 son familiares, lo cual representa el 82.61 por ciento.
De acuerdo con el Artículo 97 de la Constitución, los jueces y magistrados son los que tienen la facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales.
“No sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución”, acusa el estudio.
“Los números muestran que muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación, y lo hacen sin que sea posible incoarles (iniciarles proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad”.
Este diagnóstico, entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señala que las contrataciones del personal administrativo se lleva a cabo con criterios subjetivos, como afectivos, familiares, de interés político o económico, minan las decisiones administrativas y jurisdiccionales.
Además, fomentan el tráfico de influencias, incentivan la opacidad y repercuten negativamente en la rendición de cuentas, además de que propician conductas corruptas, acusó el periódico Reforma.
Esto también perjudica la imagen y la percepción del Poder Judicial, ya que se “mina los cimientos mismos del Estado constitucional y democrático de derecho, al tiempo que entorpece el combate a la corrupción y la tutela efectiva de los derechos humanos, en especial por lo que respecta al acceso a la justicia”.
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