Tan sólo el año pasado, un juez fue asesinado cerca de su casa mientras hacía ejercicio
Señalan que no se publicarán detalles técnicos de las camionetas porque ello podría representar un riesgo para los impartidores de justicia
Ante el clima de inseguridad que afecta a México debido a la delincuencia organizada, los mexicanos tendrán que pagar con sus impuestos el blindaje de 70 automóviles que usan jueces y magistrados.
Las camionetas de los funcionarios son tipo SUV, las cuales tiene un valor unitario de 2.3 millones de pesos en promedio, por lo que en conjunto sumarán 163 millones de pesos que saldrán de los bolsillos de todos los mexicanos.
Estos vehículos serán otorgados a los impartidores de justicia que viven en la Ciudad de México, Toluca, Monterrey y Zapopan.
Cabe señalar que hasta hace unos meses, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tenía 69 camionetas blindadas, de esas, 20 estaban valuadas en 1.4 millones de pesos, y otras 20 en 1.3 millones, 19 en 1.1 millones de pesos y otras 10 tenían un costo aproximado de un millón de pesos cada una.
Además, no se podrá conocer qué empresa o empresas fueron las que ganaron la licitación, ya que la publicación de la misma, difundida el 14 de febrero en el Diario Oficial, no informó de los nombres de los ganadores, mismos que tampoco aparecen en el portal de la CJF.
La Judicatura ya había asegurado que no publicaría las actas de las juntas de aclaraciones con las 23 empresas que participaron en la licitación.
“Se clasifica como información reservada el contenido del acta de aclaración a las bases del procedimiento adjudicatorio, en virtud de contener información de carácter técnico que pone en riesgo la vida y seguridad de personas físicas”, dijo la directora General de Recursos Materiales, María Elena Baza.
Sin embargo, en 2012, cuando se licitó la compra de 20 camionetas blindadas, la CJF sí dio a conocer los detalles técnicos de los vehículos, además del tipo de protección.
A pesar de que el CJF ha protegido con autos blindados, vigilancia especial y otras medidas a jueces y magistrados que llevan asuntos penales de alto riesgo, no ha podido evitar atentados contra ellos.
Tan sólo el pasado 17 de octubre, el juez Vicente Bermúdez fue ejecutado cerca de su casa cuando hacía ejercicio.
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