Los propios coordinadores parlamentarios de la LXII Legislatura, conformada por 500 diputados, que concluye el próximo 30 de agosto afirman que pasará a la historia como la que le entregó a México las reformas estructurales que necesita para su crecimiento. También fue la que dejó deudas históricas con la ciudadanía, principalmente en materia de transparencia en el uso de los recursos públicos.
Diversos especialistas en asuntos parlamentarios coincidieron en que los integrantes de la Legislatura por concluir fueron selectivos en las reformas que aprobaron, privilegiaron los acuerdos políticos por encima del bienestar nacional, abrieron boquetes financieros inexplicables y en general, dejaron más sinsabores que éxitos en la percepción ciudadana.
El Congreso aprobó 29 reformas constitucionales y estructurales, entre ellas: las reformas en materia energética, fiscal, laboral, educativa, de telecomunicaciones, de competitividad, política-electoral, en materia de arraigo y la de anticorrupción y transparencia. También aprobó 513 dictámenes de ley o decreto, dictaminadas en algunas de las tres mil 419 reuniones de comisiones.
“Formamos parte de una Legislatura que quedará registrada en la historia como una de las más productivas de las que se tenga memoria, al aprobar leyes relevantes que dieron un giro sin precedentes en la dinámica de la vida social, jurídica y política de nuestro país”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Julio César Moreno.
Tan solo durante los dos primeros años de la Legislatura, los diputados presentaron mil 872 iniciativas, más de mil 210 proposiciones con punto de acuerdo y se expidieron 17 nuevas leyes, algunas de ellas con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, también dejaron pendientes muchos asuntos en materia de rendición de cuentas.
“Los diputados federales, igual que los senadores, sí aprobaron reformas estructurales y constitucionales importantes. Por contraste, también tienen una clara deuda pública en materia de transparencia”, explicó María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa.
También quedará impregnada en las páginas de la historia, la negativa de la mayoría de los diputados salientes pertenecientes a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) a acompañar las investigaciones de casos paradigmáticos como la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, la “casa blanca” de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, y los contratos del Gobierno federal con Grupo Higa, entre otros escándalos gubernamentales.
El Congreso realizó una serie de comparecencias de secretarios de Estado para dar cuenta “del estado que guarda la Nación”, pero se realizaron principalmente en el marco de la glosa de los informes anuales de gobierno y no necesariamente para explicar los temas coyunturales.
Así quedó pendiente la comparecencia del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para explicar el impacto de la Reforma Fiscal o la comparecencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por el caso de los normalistas.
“Hubo faltantes en la parte de control del ejercicio del Poder Ejecutivo”, sostuvo Guillermo Áviles, investigador del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Información.
“En ese sentido habría que avaluar si hubo suficientes comparecencias, por ejemplo de los secretarios de Estado, porque había coyunturas importantes en las que había que llamar al secretario de Hacienda, al de Educación, a la de Desarrollo Social, y conocer cuáles fueron los resultados de sus labores”, agregó. Si bien es cierto que hubo un incremento en el acceso a la información pública disponible a la ciudadanía, ésta resulta insuficiente para satisfacer el interés de la ciudadanía por conocer asuntos relevantes, como es el ejercicio del gasto público, el uso y destino de los recursos del presupuesto o los conflictos de interés de cada legislador.
A la par, la información disponible en los sitios electrónicos del Congreso resulta insuficiente para atender la demanda de información de organizaciones de la sociedad civil que en los últimos años también se ha incrementado su participación en tareas de vigilancia y evaluación del trabajo legislativo.
“Los diputados y senadores fueron selectivos en los cartuchos que querían utilizar y los que querían quemar”, explicó María del Carmen Nava, de Visión Legislativa.
Pero más allá de la necesidad de entregar información útil y oportuna, el Congreso ha sido omiso en explicar algunos escándalos en los que estuvieron involucrados los legisladores salientes .
Está el caso del Diputado Luis Alberto Villarreal, del Partido Acción Nacional (PAN), quien en su papel de coordinador parlamentario fue acusado de instrumentar una red de cobro de cuotas a cambio de asignaciones presupuestales, los llamados “moches”, operados desde San Lázaro.
Aunque Villarreal ha negado sistemáticamente las acusaciones, ninguna autoridad interna o externa de la Cámara de Diputados ha informado si ha iniciado una investigación contra el Diputado federal o las conclusiones de las pesquisas.
En otro escándalo memorable, en febrero de 2013, el Diputado panista, Juan Pablo Adame, subió a su cuenta de Twitter (@JuanPabloAdame) la fotografía de un Mercedes Benz estacionado en la Cámara de Diputados cuya placa ha sido sustituida por una “charola” con la leyenda “Poder Legislativo Federal”.
El lujoso automóvil resultó ser propiedad del Diputado priista José Rangel Espinosa, legislador por el Estado de México y autodeclarado admirador del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Soy representante de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo represento en Atlacomulco”, aseveró en alguna ocasión el Diputado priista, que fue bautizado por los medios como el “Dipucharolas”.
A nivel nacional se promocionó como un logro legislativo la aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia para dotar de autonomía al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) así como su legislación secundaria.
No obstante, los especialistas coincidieron en que el Poder Legislativo quedó a deber en materia de transparencia.
Aunque con la reforma constitucional los legisladores ampliaron el catálogo de sujetos obligados y la información que debe dejar de ser reservada, los propios diputados y senadores mantuvieron candados importantes en la apertura de la información de sus cámaras legislativas.
En el caso específico de la Cámara de Diputados, los legisladores quedaron a deber la firma de la Alianza por el Parlamento Abierto, que sí firmó el Senado el año pasado.
La otra deuda de la cámara baja fue su propia Comisión de Transparencia y Anticorrupción, cuya presidenta fue la Diputada priista Areli Madrid Tovilla, la cual estuvo lejos de cumplir las expectativas y dar solución a diversos temas polémicos.
Según el propio historial de asuntos turnados, se envió a esta comisión legislativa 51 iniciativas para su dictamen, de las cuales 40 fueron desechadas, siete permanecen pendientes de análisis y sólo cuatro fueron aprobadas.
Fuente: Sin Embargo
Sé parte de la conversación